Soldados que estuvieron en la toma de Miraflores, en el Guaviare, durante el 1998, denunciaron que no están siendo tenidos en cuenta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dentro de las audiencias que se adelantan por ese caso, particularmente, los secuestros que fueron cometidos por las desaparecidas FARC. Uno de los soldados que hizo parte de los 73 secuestrados denunció que, además de ello, está siendo revictimizado.
“De parte del Estado no ha habido ninguna indemnización o algo que nos dignifique de verdad. Se habla del problema, se habla de la victimización y ahorita se está revictimizando (...) Hay algunos que sí han sido reparados, pero hay unos que no hemos sido reparados integralmente, que es lo que estamos buscando”, afirmó el hombre en testimonios recogidos por Noticias Caracol. Para esos días, el 4 de octubre de 1998, de acuerdo con el expediente, se vivió un combate de 26 horas.
Según Wilson, 24 años después de los hechos, continúa en proceso de recuperación por lo traumático de estos y que, además, ha tenido que lidiar con las actitudes revictimizantes por parte de ese tribunal especial creado tras los acuerdos de paz firmados por parte del gobierno colombiano, en ese entonces en cabeza de Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
La toma de Miraflores incluyo a cerca de mil miembros de la guerrilla interceptaron la base de Policía ubicada en el Guaviare, allí secuestraron a 129 uniformados del Ejército y la Policía Nacional. De acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica, esta toma tuvo el mayor número de uniformados secuestrados: 73 militares y 56 policías.
“Se supone que la justicia no tiene ningún estrato social o algo así. Pienso que la justicia debe ser para todos los ciudadanos sin importar de qué condición social venga, debe ser para todos igual”, añadió Benavides en su charla con ese portal informativo. Para ese entonces, estuvo secuestrado por tres años. Fue liberado de las manos de sus captores el 14 de julio del 2001. “Yo duré tres años en cautiverio, pero hubo compañeros que estuvieron 10, 13 años. Sinceramente no sé cómo lograron sobrevivir”, dijo en una entrevista con el diario El Espectador.
“Es importante no dejar que la memoria y el sacrificio de quienes estuvimos en esa toma queden en vano y que se reconozca el trabajo de los soldados que pasamos por todo eso. Muchos no pudimos volver a encontrar trabajo después de ese secuestro, y eso se ha logrado visibilizar con el proceso de paz. Necesitamos tener una reparación integral, no solo económica, sino que dignifique el sacrificio de quienes estuvimos allá”, agregó para ese medio.
Fue el pasado mes de julio cuando se abrió el décimo macrocaso de la Jurisdicción Especial para la Paz, aquel que investiga delitos, explica el tribunal, que no son amnistiables y que fueron cometidos por las FARC. Según los exjefes de esa guerrilla imputados, no pudieron “garantizar las condiciones que requerían los prisioneros, dándose prácticas como el uso de cadenas o la vigilancia constante”.
A Wilson Benavides se une el testimonio de la Corporación de Militares Víctimas (MilVictimas). Desde la vocería de esta institución se le explicó a El Espectador que ya se hizo un llamado a las autoridades para ampliar la participación de víctimas en el desarrollo del esclarecimiento de este caso, pues, solo así, se garantiza, de manera efectiva, sus derechos.
“Dentro de las secuelas que dejó el secuestro en estos jóvenes militares, el estrés postraumático y la depresión han sido, entre otros, obstáculos para avanzar en sus proyectos de vida; el cautiverio continúa afectándolos de manera importante en sus facetas sociales, familiares y laborales”, expresó Milvíctimas.
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