Procuraduría formula pliego de cargos en contra del alcalde de Barbosa, Antioquia

Edgar Augusto Gallego Arias habría contratado a un establecimiento comercial que presuntamente contribuyó a su campaña electoral, lo que sería causal de inhabilidad

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La Procuraduría Provincial del Valle
La Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá evalúa los montos aportados por el contratista para la elección de Gallego Arias para verificar si estos superan el tope máximo que se tiene permitido para invertir en un candidato

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde del municipio de Barbosa, Antioquia, Edgar Augusto Gallego Arias, por haber suscrito un contrato con un tercero que presuntamente habría contribuido a su campaña electoral.

Según señaló el ente de control, el investigado suscribió dicho contrato para suministrar desayunos, almuerzos, refrigerios e hidratación a la población vulnerable, en medio de la emergencia causada por el virus de Covid-19, con el propietario de un establecimiento comercial que habría contribuido a su campaña.

De igual forma, la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá evalúa los montos aportados por el contratista para la elección de Gallego Arias para verificar si estos superan el tope máximo que se tiene permitido para invertir en un candidato, según los datos fijados como límites en las campañas.

Por lo anterior, la Procuraduría calificó de forma provisional la falta del servidor pública como gravísima, al ser cometida a título de dolo.

En el registro de aportantes a la campaña del portal Cuentas Claras aparecen seis contribuyentes con donaciones y créditos en dinero o especie.

Esta no sería la primera vez que un funcionario público de este municipio antioqueño está involucrado en problemas disciplinarios. En abril de 2021, el exalcalde Edison García Restrepo fue condenado a 71 meses de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, acción, cohecho propio, peculado por apropiación pública y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La captura del otrora funcionario ocurrió el 18 de octubre de 2018 en una finca donde se encontraba con su esposa, quien también fue detenida por haberlo apoyado en los actos de corrupción y también que fue sentenciada a 40 meses de prisión, aunque pudo obtener libertad condicional.

García Restrepo, con sus actos de corrupción y actividad delincuencial cometidos en su momento, ocasionó un detrimento patrimonial superior a los $4.000 millones.

Además, Hernando Alonso Cataño Vélez, quien fuera alcalde del municipio de Barbosa en el periodo 2012 - 2016, fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Girardota al haberlo encontrado culpable en los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento privado.

“Se presentaron irregularidades en la adquisición de un terreno, por la suma de $1.767 millones, para la reubicación de la Institución Educativa El Hatillo, ubicada en la vereda del mismo nombre”, dice en el auto de acusación la Fiscalía.

Los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación lograron determinar que el costo real del lote mencionado era de 782 millones de pesos, y no los 1.767 millones establecidos por la empresa Coralonjas, contratada por la administración municipal.

Por estos hechos, el detrimento patrimonial al municipio fue de 1.004 millones de pesos. Los investigadores encontraron además que antes de conocerse el avalúo hecho por la compañía mencionada, el entonces alcalde ya había solicitado un presupuesto igual al que arrojó el estudio de compra, lo que confirmó las irregularidades en el contrato.

Cataño Vélez había sido enviado a la cárcel en 2019 por ese mismo caso, pero en ese entonces su defensa apeló la decisión ante los jueces penales. Luego, en septiembre de 2020, es conoció el fallo que lo halló culpable.

De esta manera, Edgar Augusto Gallego Arias se convirtió en el tercer mandatario del municipio de Barbosa en ser investigado por posibles actos de corrupción que habrían afectado el patrimonio público de los barboseños.

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