Las recomendaciones para atender crisis de líderes sociales en 100 días del gobierno Petro y Márquez

Uno de los compromisos que asumió Gustavo Petro cuando juramentó como presidente de la República el pasado domingo, 7 de agosto es escuchar a la ciudadanía, no importa en el sector desde donde se encuentre o si pertenece a una corriente política opuesta. “Escucharé a las colombianas y colombianos como he venido haciendo en todos estos años”, indicó el día de su asunción en la Plaza de Bolívar.

Precisamente, durante el miércoles 10 de agosto varias organizaciones sociales le enviaron al presidente Petro y a la vicepresidenta, Francia Márquez, una carta en la que, además de felicitarlos por integrar el primer gobierno progresista en la historia de Colombia, advierten sobre el grave riesgo que corren líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos en determinadas zonas del país.

En la misiva, las organizaciones nacionales e internacionales firmantes admiten que este nuevo gobierno “ofrece una nueva oportunidad, ganada a pulso, para hacer frente a las numerosas agresiones a las que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y quienes ejercen liderazgos sociales”. Asimismo, indicaron que en los próximos cuatro años haya un mecanismo de protección para líderes y lideresas en los territorios, pues el panorama no es alentador.

De acuerdo con cifras de Indepaz, en lo corrido de 2022 han sido asesinados 114 líderes y lideresas. Sumado a eso, desde la firma el Acuerdo Final de Paz agentes armados acabaron con la vida de 1.341 defensoras y defensores territoriales. Bajo ese escenario planteado desde 2018, los colectivos sociales señalan que abordar esta crisis de seguridad no será fácil, pues ello implica “desafiar los poderes que tratan de silenciar” a estos liderazgos y replantear las dinámicas que permiten la impunidad.

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En ese sentido, plantearon tres recomendaciones para que el gobierno de Petro y Márquez Mina mitiguen el escalamiento de violencia no solo contra esta población, sino también en contra de excombatientes de las Farc en sus primeros 100 días. La primera es restablecer todos los espacios de interlocución con la sociedad civil, especialmente con quienes ejercen liderazgos sociales, además de reactivar el Proceso Nacional de Garantías que estuvo a cargo del Ministerio del Interior, así como sus 20 procesos territoriales.

Dentro de esa primera petición incluyen el cumplimiento de la Comisión de Garantías de seguridad, reactivar la subcomisión de garantías de derechos humanos de la Mesa Única Nacional —establecida en el artículo 9 del Decreto 870 de 2014— mediante la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; e implementar el Programa integral de garantías para lideresas y defensoras de derechos humanos con el impulso de la Comisión Intersectorial de Garantías para estas mujeres.

La segunda propuesta —también mencionada por el presidente el día de su posesión—, es poner en marcha las disposiciones del Acuerdo de Paz que tienen relación específica con la defensa de los derechos humanos. En este punto, las oenegés piden elaborar una política para el desmantelamiento de grupos armados ilegales con el apoyo de varias dependencias institucionales, como Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía y la Comisión Nacional de Garantías.

También solicitan a Petro y Márquez que se retomen labores en el Consejo Nacional de Paz y que haya una plena implementación de las recomendaciones consignadas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad. El tercer pedido tiene que ver con partir de los acumulados y compromisos nacionales e internacionales existentes en pro de la defensa de los derechos humanos.

En ese apartado, mencionan que existe un marco internacional para la protección de líderes y lideresas, como los informes recientes emitidos por el relator especial de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos y las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la decisión emitida por el Tribunal Superior de Bogotá donde a raíz de una tutela, se pide velar por la protección de esta población.

“Primero es necesario revisar lo existente, intentar aplicarlo y organizar y evaluar la oferta institucional actual para no crear estructuras que repitan las existentes”, señala la carta dirigida a los mandatarios que, por último, le manifiestan al presidente su apoyo para seguir insistiendo a la comunidad internacional para que continúe las labores de acompañamiento y verificación en los territorios.

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