Comisión de la Verdad detalla impactos ambientales del conflicto armado en Colombia

De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República, hay 7,7 millones de hectáreas abandonadas en el país por causa de desplazamiento forzado

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Otra de las razones por las que el medio ambiente sufrió afectaciones fue por las acciones armadas y afectaciones a la infraestructura petrolera EFE/ Camilo García/Archivo

El medioambiente es una de las principales víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia y también una de las menos visibilizadas. Poco a poco se han ido publicando los capítulos del Informe Final de la Comisión de la Verdad, y en varios de ellos se abordan los impactos de la guerra en este aspecto.

En ellos se exponen los efectos que causaron las acciones bélicas como los bombardeos, los atentados contra los oleoductos, el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y la lucha contra los cultivos de uso ilícito.

“Hoy los ríos y las montañas piden justicia porque han sido desconocidos a lo largo de la historia, ya sea por el Estado o incluso por nosotros que lo habitamos. Estamos en un proceso de reconciliación con estos ecosistemas porque estamos convencidos de que respetando el territorio donde vivimos, podemos construir una paz estable y duradera”, se lee en uno de los informes entregados por la Comisión de la Verdad.

Una de las principales causas de la guerra en Colombia gira en torno a la tierra. De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República, hay 7,7 millones de hectáreas abandonadas en el país por causa de desplazamiento forzado.

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En el capítulo ‘Sufrir la guerra y rehacer la vida: impactos, afrontamientos y resistencias’ del Informe Final de la Comisión de la Verdad se asegura que el abandono y el despojo han causado una mayor concentración de la tierra y un incremento en la desigualdad social y económica del país.

La Comisión de la Verdad también menciona que grandes megaproyectos en Colombia han causado grandes conflictos socioambientales y los actores armados tuvieron protagonismo.

“Algunas explotaciones de recursos naturales son legales, pero eso no implica que no sean contaminantes ni socialmente nocivas. Otras son ilegales y a la naturaleza se la trata como un botín y se la explota al máximo, sin regulaciones. Si a cualquiera de esas extracciones se le suma el terror de las armas y el entramado político y económico orientado a la transformación del uso del suelo o de los ríos y ciénagas para beneficio de determinados actores y en detrimento de las comunidades y pueblos, se gestan verdaderos desastres ambientales”, dice en su informe.

Otra de las razones por las que el medioambiente sufrió afectaciones fue por las acciones armadas a la infraestructura petrolera. De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en un informe preparado para la Comisión de la Verdad, hubo al menos 3659 acciones armadas en contra de esa infraestructura.

Según se detalla en el informe, el 60 % de esas acciones incluyeron el uso de explosivos lo que causó afectaciones ambientales principalmente por los derrames de crudo.

“Los impactos de estos son difíciles de contener y restablecer al estado original: contaminación de fuentes hídricas superficiales y subterráneas; pérdida de cobertura vegetal; filtración de crudo e hidrocarburos en el suelo; e, incluso, cambios en las formas de relacionamiento de las comunidades con sus territorios”, dice ese informe entregado a la entidad estatal.

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Luego de entrevistar a más de 25 mil personas, la Comisión de la Verdad plasma en el eje temático sobre los territorios rurales hallazgos que encontraron en su investigación sobre las afectaciones de más de cincuenta años de conflicto en el campo colombiano.

Por esa razón, plantea algunas recomendaciones para garantizar la no repetición y resarcir a las regiones que se vieron desproporcionadamente afectadas por la violencia.

En primera instancia solicitan el reconocimiento de las grandes desigualdades que han caracterizado históricamente al campo colombiano. Señala que se ha negado a sus comunidades la participación en asuntos públicos y a gozar de bienes y servicios públicos fundamentales para el bienestar humano, entre ellos, seguridad, justicia, salud, educación e infraestructura para una adecuada explotación económica productiva y sostenible.

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