Cambio en la política antidrogas de Colombia: ‌congresistas le pidieron al Gobierno dar a conocer las estrategias

La iniciativa de control político busca establecer cuánto ha gastado y costado en vidas humanas la lucha contra las drogas en los últimos ocho años en el país

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Congreso de la República de Colombia
Congreso de la República de Colombia

El gobierno de Gustavo Petro, como lo dejaron claro tanto el presidente como el senador Roy Barreras en la posesión, buscarán lograr un cambio en la política contra las drogas, ya no basada en la confrontación directa de esos grupos ilegales, sino en la regulación de diferentes sustancias.

Tan solo a dos días de haberse posesionado el nuevo gobierno, el representante del Valle del Cauca Duvalier Sánchez radicó una proposición en la Cámara de Representantes, a modo de debate de control político, pero que tiene la intención de ser el punto de partida de la discusión en la reformulación de la política de drogas.

La citación fue apoyada por 23 representantes más de la bancada del partido Verde, así como desde otros partidos y radicada este 9 de agosto. Se espera que la próxima semana se establezca la fecha de citación a la que deberán asistir varios miembros del gabinete a quienes les corresponde el manejo de la política de drogas.

La proposición extiende la citación al Ministerio de Defensa Nacional, en cabeza de Iván Velásquez; Ministerio del Interior, de Alfonso Prada, Ministerio de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna; Ministerio de Salud y Protección Social, Carolina Corcho; Dirección de Antinarcóticos de la Policía, Alto Comisionado de Paz y Alto Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

“Nuestro planteamiento es, en este debate, a la luz de la evidencia que paz total sin legalidad total va a ser muy difícil que tengamos en Colombia. Así que este debate de control político es una mirada hacia atrás, para hacer un balance la política de drogas con corte a los últimos ocho años”, señaló el representante tras la radicación de la proposición.

Justamente, la iniciativa solicita conocer del Ministerio de Defensa las acciones estratégicas de la fuerza pública contra las actividades ilícitas y su producción, las operaciones del Ejército en los departamentos de mayor incidencia de cultivos desde el año 2014, así como la comunicación con las comunidades adelantadas por el gobierno saliente para contrarrestar los efectos de lucha contra las drogas.

Pregunta también por el número de licencias de cultivo, el tratamiento jurídico a los cultivadores, así como las políticas de prevención y atención integral a los consumidores que se han adelantado desde el Ministerio de Salud. Además, pregunta por el último contrato para compra de glifosato que dejó el último gobierno.

“¿Cuál será el uso dado al herbicida adquirido? ¿En qué zonas del país se hará uso de este? ¿Cuál es el valor del contrato? ¿Cuántos litros del herbicida se adquirieron? ¿En qué cantidad serán utilizados?”, se lee en el documento que fue entregado a la mesa directiva de la Cámara de Representantes.

Además, busca establecer con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, que también están invitadas a la discusión, el número de personas muertas, heridas, desplazadas o afectadas por las acciones de erradicación de los cultivos ilícitos en los últimos ocho años. Las vinculaciones en investigaciones de miembros de la fuerza pública con presuntos o probados vínculos con organizaciones de narcotráfico y la venta ilegal de gasolina para la producción de cocaína.

“La proposición que hemos radicado hoy tiene un interés y un propósito de tratar de establecer un debate o una línea base de lo que ha sido la política de drogas de Colombia, con énfasis de ese último periodo del mandato presidencial de Santos y este que acaba de terminar del expresidente Duque. Esta línea base nos va a permitir ver los resultados en materia de lucha contra las drogas en términos de cultivos ilícitos, erradicación forzada, las confrontaciones por estas erradicaciones y favorece el interés del nuevo gobierno de buscar los caminos para una paz total”, sostuvo el representante Sánchez.

Se trata de una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno nacional, por cuanto compromete el cumplimiento de acuerdos internacionales de lucha contra las drogas, organizaciones transnacionales y que se vincula con el propósito de desmantelar a través del diálogo los grupos armados.

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