Abogados para perros y gatos: así trabajan los defensores jurídicos de mascotas en Colombia

Los derechos de los animales se han vuelto cada vez más importantes para la sociedad colombiana y muestra de ello es el Centro de Atención Jurídica para la Protección y Bienestar Animal (CAJPYBA), donde trabaja un grupo de abogados encargados de representar jurídicamente los casos de maltrato, abandono y hasta de divorcios en los que se ven afectadas las mascotas.

Y aunque este lugar opera desde marzo de 2021, fue hasta la expedición de la resolución 032 que se establecieron como una unidad especial de la Oficina Asesora Jurídica (OAJ), lo cual les brinda la capacidad de actuar de manera legal.

Este mismo diario explicó que hay personal especializado para atender cada solicitud y que todo es un proceso. Por ejemplo, Sebastián Castillo es el primer filtro del centro, pues se encarga de recolectar los datos básicos de cada caso que allí llega y de agendar las respectivas citas, así como de remitirlos a los abogados encargados.

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Además, advierten que pueden brindar la asesoría necesaria a quien lo necesite en todo el territorio nacional, pero solamente se les permite actuar legalmente en Bogotá. Motivo por el cual tienen convenios con consultorios jurídicos de cinco universidades de la ciudad: Los Libertadores, Republicana, Jorge Tadeo Lozano, Cooperativa de Colombia y Libre.

El resto del equipo está conformado por Denisse Suárez, responsable de asuntos normativos, atención a ciudadanos y apoyo en temas de la construcción del procedimiento; Catalina Casas, encargada de asistir a las diligencias judiciales dentro de la ciudad y de manejar las segundas instancias; Andrea Jimenez, abogada especialista en derecho penal, ciencias forenses y técnica probatoria; y otros juristas.

De igual manera, El Tiempo reveló que el CAJPYBA cuenta con un observatorio en protección y bienestar animal compuesto por filósofos, personas expertas en bioética y economistas.

Los animales, ya sean domésticos o silvestres, son objeto de vulneraciones a sus derechos en Colombia. Frente a esto, aquellos que perpetran estos ataques son sometidos por la Fiscalía General de la Nación a múltiples consecuencias legales que desincentivan la práctica.

Para estos casos, se dispone del recurso de la Ley 1774 del 6 de enero de 2016. Este documento garantiza que la actitud entre humanos y animales se base en el “respeto, solidaridad, compasión, ética, justicia, cuidado, la prevención del sufrimiento, en la erradicación del cautiverio y el abandono”.

Por otro lado, el bienestar de los seres vivos radica, a su vez, en que su tenedor deberá cumplir cinco principios mínimos: que no sufran hambre, sed, malestar físico o dolor; que no se le provoquen enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a miedo o estrés y que puedan manifestar su comportamiento natural.

Según el artículo 4 de la Ley, quienes incurran en actos dañinos que no provoquen la muerte o lesiones contra la salud e integridad física de los animales serán sancionados con multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al día de hoy, la cifra oscila entre 4.542.630 pesos hasta 45.426.300 pesos.

Además, quienes causen la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física del animal podrán enfrentar penas de prisión entre los 12 y 36 meses. Además, enfrentarían inhabilidad especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales.

Frente a las multas económicas, quienes causen el daño descrito anteriormente deberán pagar entre 4.542.630 pesos y hasta 54.511.560 pesos.

Incluso, estas se verían incrementadas de la mitad a tres cuartas partes si se cometen con los siguientes agravantes:

- Sevicia.

- Cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio público.

- Valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presencia de aquellos.

- Cuando se cometan actos sexuales con los animales.

- Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores se cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas.

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