Según testimonio de exparamilitar, asesor de exfiscal Luis Camilo Osorio recibió 300 mil dólares de las AUC

‘Hasta la guerra tiene límites’ es el nombre del capítulo del Informe Final de la Comisión de la Verdad que señala las violaciones a los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario y las responsabilidades que tienen movimientos guerrilleros, agentes del Estado y grupos paramilitares en las dinámicas que perpetuaron el conflicto armado interno por más de cincuenta años.

La entidad naciente del Acuerdo de Paz y presidida por el padre Francisco de Roux recogió decenas de testimonios de víctimas de agentes de la fuerza pública, guerrillas como el M-19 y grupos paraestatales, precisamente uno de estos ventiló varias acusaciones contra el exfiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio quien ofició como cabeza de este órgano de control entre 2001 y 2005.

El informe apunta que Osorio Isaza habría tenido vínculos con integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia para favorecer a sujetos implicados en crímenes de lesa humanidad, destituir y sancionar a funcionarios que en su momento investigaron el paramilitarismo en Colombia y menospreciar los testimonios de testigos que habían señalado la complicidad entre integrantes de las AUC y políticos.

De hecho, un integrante del Bloque Centauros (cuya identidad no fue revelada por la Comisión de la Verdad) se refirió a los posibles nexos entre ese grupo y el exfiscal general, le indicó a esta entidad que “la Fiscalía de Luis Camilo Osorio era una Fiscalía nuestra”.

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Concretamente, Chucho Monroy, exasesor del entonces fiscal, tenía estrecho contacto con esta estructura, según el testimonio; incluso, señaló que fue testigo de la entrega de una gran suma de dinero que le fue entregada a este funcionario: “Yo esto lo conté en el 2005 y le informé en el 2005 a la Fiscalía 20, que después pasó a la Fiscalía 26 de la Unidad de Derechos Humanos, sobre 300.000 dólares que yo personalmente había sido testigo que le había entregado a Chucho Monroy”.

También, el documento de 982 páginas precisa que antes del nombramiento de Osorio como fiscal general, ya en las Autodefensas sabían que él tenía la misión de torcer procesos que perjudicaran a esta estructura armada bajo orden directa de Carlos Castaño, uno de sus fundadores.

“(...) Antes de que él llegara, cuando hubo la posesión o el nombramiento ya de él como fiscal, por información de inteligencia y varios contactos que nosotros manejábamos, varias personas nos habían ya dicho que él venía con una misión directa de Carlos Castaño y la misión era torpedear todas las investigaciones que hubiera en contra de los paramilitares”, añadiendo que dicho objetivo se cumplió porque, una vez se posesionó, tuvo varias reuniones con fiscales de Derechos Humanos para que no solamente investigaran hechos contra paramilitares.

“Todo el mundo sabía en la Fiscalía que Luis Camilo Osorio venía con una misión de Carlos Castaño, eso se conocía”, indica el testimonio anónimo. Sumado a eso, el capítulo del Informe final detalla que varios funcionarios de este órgano de control fiscal que lideraron procesos judiciales contra integrantes de las AUC sufrieron persecución por parte de Osorio, incluyendo la declaratoria de insubsistencia de algunos de ellos, atentados, intimidaciones y hasta el exilio.

Otro testimonio recogido por la Comisión a una exfuncionaria exiliada manifiesta que “el doctor Jairo Heredia (jefe de Sección de Investigación del CTI para la época) me llamó y me dijo que por orden directa del fiscal general de la nación y en aras de bajarme el perfil, yo era trasladada del grupo de Derechos Humanos a la Unidad de Delitos Especializados. Entonces la orden de Castaño se cumple”.

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