La Procuraduría General de la Nación le solicitó al director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Rodrigo Suárez Castaño, evaluar la importancia de modificar la licencia ambiental del proyecto “Central Hidroeléctrica Pescadero - Ituango” (Hidroituango) con el fin de incluir los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí en el área de influencia del megaproyecto.
La petición se hace por parte de la entidad del Ministerio Público con el propósito de que el proceso de seguimiento y control por parte de la autoridad ambiental también esté dirigido a estos municipios.
En la actualidad, la licencia ambiental determina que son 12 municipios los que están bajo la zona de influencia. Buriticá, Peque, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquía, Yarumal, Olaya, Ituango y Valdivia son las municipalidades que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales reconoce como los lugares de afectación de la hidroeléctrica.
Sin embargo, señala la Procuraduría, en vista de la contingencia ocurrida en el año 2018 y respecto a que en el 2019 se ordenó el cierre de compuertas que permitieron el paso de agua a la casa de maquinas, las afectaciones se extendieron, razón suficiente, según manifiesta el ente de control, para que la zona de afectación se amplíe a como actualmente se conoce.
La petición la enviaron a la autoridad ambiental “es necesario y oportuno revisar el seguimiento que despliega esa autoridad sobre el Plan de Manejo Ambiental aprobado en la licencia con ocasión a las contingencias presentadas”.
Este oficio se emite también, en vista de que las estrategias implementadas en el manejo de las adversidades que el proyecto ha afrontado se han dispuesto como medidas frecuentes que merecen ser incorporadas en la licencia, de acuerdo a lo señalado por el delegado ambiental del Ministerio Público, Gustavo Guerrero.
“Son muchísimas las medidas a las que se les viene haciendo seguimiento de manera permanente como parte de un plan de contingencia. Realmente deberían estar incorporadas a juicio de la Procuraduría dentro del instrumento de manejo ambiental que es el plan de manejo ambiental aprobado en la licencia”, precisó el procurador delegado para asuntos ambientales.
Una contingencia de cuatro años
Para mediados de abril de 2018 comenzarían los hechos que ocasionaron la contingencia que no solo mantuvo en vilo la continuación del proyecto, sino que emitió alarmas a más de 10 municipios cercanos a la construcción de la hidroeléctrica (aquellos que hoy están en el área de influencia). Para aquel abril, se generó una obstrucción en el túnel auxiliar de desviación, esto generó que las dos compuertas de este túnel se desplazaran 15 metros.
Esta falla impedía tener el control absoluto del paso de agua, por lo que tampoco se podría regular la fuerza de la corriente si las compuertas no funcionaban a la perfección. Durante el 2018 se desarrollaron labores de alta ingeniería para reparar la afectación. En las actividades participaron buzos que trabajaron en condiciones bastante complejas.
La inexistente luz solar y la imposibilidad de ver con luz artificial a través de las densas aguas del río Cauca hicieron que los ingenieros tuvieran que implementar técnicas con base en el efecto Doppler para ver en tiempo real el movimiento del agua, la ubicación de las compuertas y el trabajo que los buzos debían realizar para llevar a cabo su reparación.
En septiembre se logra cerrar con éxito las compuertas, pero a pesar de esta solución la casa de maquinas tuvo que ser inundada en 2019 para permitir el flujo del agua que se encontraba represada en los túneles. Bajo medidas de contingencia y con el arduo trabajo de los ingenieros ha avanzado la obra que, a su vez, ha mantenido en alerta a los pobladores aledaños.
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