Procuraduría pide que Aída Merlano sea extraditada a Colombia

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia condenar a la excongresista Aída Merlano por violar los límites de gastos en su campaña al Senado para 2018-2022. El Ministerio Público también solicitó que la exsenadora sea extraditada a Colombia desde Venezuela, toda vez que se ha verificado que se encuentra en ese país y se cumplen los requisitos legales para realizar el requerimiento.

La decisión la tomó la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal. En la audiencia pública, la Procuraduría señaló a Merlano de haber recibido 8.300 millones de pesos adicionales durante su campaña legislativa, por lo que superaría el tope fijado por el Consejo Nacional Electoral de 884 millones de pesos.

En el documento, el Ministerio Público afirmó que ese monto consignado “afectó gravemente el bien jurídico tutelado de la participación democrática”. La cantidad habría desbalanceado injustificadamente la contienda electoral, “haciendo que tanto aspirantes como electores vieran ante sus ojos el desmantelamiento de los principios de igualdad, participación, pluralismo y transparencia en tal indigno espectáculo”, agregó.

Con ese argumento, el órgano de control solicitó condenar a la excongresista por el delito ya mencionado. En caso de ser imputada, afrontaría una pena de cuatro a ocho años en prisión, y que esta “se dicte bajo una circunstancia de mayor punibilidad”.

La excongresista fue detenida, procesada y condenada a 11 años de prisión por corrupción electoral y compra de votos en 2018. En ese mismo año se fugó y huyó hacia Venezuela, donde fue recapturada y no ha sido extraditada a Colombia por la ruptura de relaciones entre ambos países, que empezó en el pasado Gobierno de Iván Duque.

Desde 2018 el caso de compra de votos es investigado por las autoridades, aunque Merlano ha colaborado con la justicia. En febrero de 2022, Merlano y su abogado, Miguel Ángel del Río, entregaron información que daría cuenta de que políticos de la región Caribe estarían relacionados con casos de corrupción.

Varios audios revelados por la defensa probarían que el clan Char y Gerlein financiaron la compra de votos de su campaña al Senado en 2018. En el material se escucha al empresario decir que invirtió 12.000 millones de pesos y los Char otros 6.000 millones. En total, la excongresista vinculó a más de 19 políticos.

Unas de las declaraciones más impactantes tiene que ver con el clan Gerlein y su presunta financiación de la campaña presidencial de Iván Duque: “Parte de esos dineros después hicieron parte de la campaña presidencial del candidato Duque, al que se le entregaron, de esos $18.000 millones, $6.000 millones, que le terminó entregando Julio a él del dinero que no le pagó a Alejandro Char”, dijo en abril la prófuga.

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Ese testimonio generó que la Procuraduría le solicitara a la Corte Suprema ampliar el plazo para que la acusada pudiera entregar más pruebas; sin embargo, esa petición fue denegada.

Aun así, el expresidente afronta un proceso de indagación preliminar ordenado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presunta vulneración de las normas de financiación en su campaña en 2018. En el proceso también está implicado Luis Guillermo Echeverri, gerente de su candidatura y amigo personal del exmandatario.

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