Hay responsabilidad directa del Estado por el surgimiento y actuación del paramilitarismo: Comisión de la Verdad

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, más de nueve millones de personas sufrieron afectaciones por el conflicto armado en Colombia. Movimientos guerrilleros, agentes del Estado y agentes paraestatales cometieron graves violaciones contra los derechos humanos y serias faltas al Derecho Internacional Humanitario. Así quedó constatado en el capítulo ‘Hasta la guerra tiene límites’ del Informe Final de la Comisión de la Verdad, que fue publicado el lunes 8 de agosto.

El documento, que corresponde al tercer tomo del documento final presentado al país el pasado 29 de junio, hace énfasis en las responsabilidades que tienen los agentes armados legales, paramilitares y las extintas Farc en la prolongación de la guerra interna y sus dinámicas por más de medio siglo. De hecho, señala que “los hechos de violencia perpetrados por los grupos paramilitares también comprometen la responsabilidad del Estado, porque cuentan con su apoyo y aquiescencia”.

A su vez, indican cifras aproximadas sobre delitos como la desaparición forzada, el cual fue cometido en mayor medida por agentes paraestatales, 63.029 casos, seguido por la extintas Farc-EP con 29.410 y 9.359 perpetrados por agentes de la fuerza pública.

El capítulo del Informe Final también precisa que el Estado fue uno de los grandes responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, mencionando al Ejército, la Policía nacional y el extinto DAS y otras instituciones del Gobierno “que facilitaron la comisión de estas violaciones e infracciones, así como por la adopción de decisiones de política pública que victimizaron a la población civil”.

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Incluso, afirman que el Estado también tiene responsabilidad en la conformación y el actuar de grupos paramilitares “que tiene su origen en políticas gubernamentales adoptadas por los gobiernos de turno, e implementadas principalmente por las Fuerzas Armadas y de seguridad orientadas a eliminar el llamado «enemigo interno»” apuntando también que desde la misma institucionalidad se justificó la promoción de grupos de autodefensa entre 1965 y 1989, así como patrocinaron la creación de las llamadas ‘Convivir’ en 1994, fortaleciendo así la imagen del paramilitarismo en Colombia”.

El tomo también señala que desde el mismo Estado se promovieron políticas que permitieron el despojo de tierras, así como la erradicación forzada de cultivos ilícitos mediante aspersiones aéreas con glifosato, poniendo como ejemplo que en 1984 el entonces ministro de Justicia Enrique Parejo González aceptó el uso de este herbicida aún cuando el comité “encargado de dar un concepto previo en su fase de experimentación señaló que era inconveniente”.

El concepto del ‘enemigo interno’ implantado en Colombia con el fin de eliminar por la vía armada a grupos revolucionarios de vertientes marxistas fue un justificante para la criminalización de líderes, lideresas, integrantes de movimientos sociales y políticos de oposición.

“La criminalización sin fundamentos, los allanamientos, las detenciones arbitrarias y masivas, los malos tratos, las torturas y las privaciones prolongadas de libertad han sido algunos de los mecanismos aplicados de manera complementaria a la represión militar y policial” apunta el documento, señalando como ejemplo la persecución que tuvieron integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) por parte de jueces, miembros de las Fuerzas Militares, el DAS y la Policía.

También señalan las responsabilidades que tuvieron, en primera instancia, movimientos insurgentes como el M-19 en la consolidación del secuestro, así como de los asaltos cometidos por integrantes de las Farc en poblaciones y caseríos, y la perpetración de masacres, dinámica que fue ejecutada tanto por este último grupo como por movimientos paramilitares.

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