Fiscalía imputa formalmente a Alonso Salazar y Federico Restrepo por el caso Hidroituango

La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente a Alonso Salazar Jaramillo, exalcalde de Medellín, y a Federico Restrepo Posada, exgerente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) por el delito de interés indebido en la generación de contratos por el caso del mega proyecto de la hidroeléctrica Hidroituango.

El abogado defensor de ambos, Mauricio Pava, sostuvo que “La Fiscalía les imputa haberse interesado en favor del municipio de Medellín y de EPM, como empresa 100% pública, descartando a otras empresas extranjeras como Odebrecht, China Three Gorges Corporation (China), Korea Electric Power Corporation (Korea), entre otras”.

Además, agregó: “No coincidimos con esta visión y tenemos toda tranquilidad para comparecer frente al juez y demostrar actuaciones transparentes, coherentes. Este juicio será la oportunidad de promover un control social, técnico y transparente que en el futuro permita un acertado y educado ejercicio del poder punitivo.”

Otros funcionarios que también están vinculadas al proceso son el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero y al exgerente del IDEA Álvaro de Jesús Vásquez Osorio.

El ente acusador encontró que en la celebración del contrato para la construcción, operación, detentación, mantenimiento y transferencia de la hidroeléctrica, en el que habrían participado la Gobernación de Antioquia y el IDEA, fue entregado de forma directa a EPM. Para el ente acusador, esta actuación habría vulnerado los principios de la contratación pública previstos en la Constitución.

Por otra parte, la Fiscalía aseguró que en 2015 EPM implementó un sistema de desviación del río Cauca sin obtener las debidas licencias ambientales, como se lo había exigido el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

EPM habría radicado una petición de ampliación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que fue denegada el 22 de diciembre de 2015, y posteriormente, presento una segunda solicitud que fue aprobada el 5 de julio de 2016.

El problema para la Fiscalía fue que EPM habría presentado documentación falsa para obtener la aprobación de la autoridad ambiental porque supuestamente quería ocultar que la obra ya estaba en marcha sin el aval requerido.

Por eso, también fueron imputados los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal al abogado de EPM y apoderado de Hidroituango SA ESP ante la ANLA, Jesús Ignacio Echavarría Mejía; y al profesional de la Dirección Ambiental Social y Sostenibilidad Proyecto Ituango, Hernán Sánchez Cruz.

Además, las demoras en el desarrollo del megaproyecto por cambios en los diseños y problemas geológicos y geotécnicos no detectados en los estudios previos, habrían llevado al consorcio a contratar un sistema auxiliar de desviación del río Cauca y la construcción de un tercer túnel por un valor de 127.100 millones de pesos.

Dicha contratación no habría tenido estudios geológicos adecuados, ni los diseños definidos y no habría contado con la modificación de la licencia ambiental.

Por eso, la Fiscalía imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado al vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM, Luis Javier Vélez Duque; al vicepresidente ejecutivo de Proyectos de Desviación de EPM, Wilson Chinchilla Herrera; y al director de desarrollo del proyecto Hidroituango, Álvaro León Ospina Montoya.

Ahora, tras la audiencia de imputación, el caso pasará formalmente a los jueces, que deberán determinar la culpabilidad o inocencia de todos los implicados en el caso de la mega obra de Hidroituango.

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