Una nueva era en la política colombiana

El gobierno de Francia Márquez y Gustavo Petro comienza en medio de grandes expectativas tanto internas como regionales. En el plano interno, se espera que Colombia avance hacia un cambio de modelo socio económico que halle nuevos equilibrios. En el último tiempo, se ha deshecho la idea de que la llegada de un gobierno progresista implicaría un cambio abrupto. Esa preocupación ha venido despareciendo ante la evidente moderación que ha mostrado Petro desde hace al menos un año, y que se puede constatar por el contraste marcado entre su discurso entre 2018 y ahora. Internacionalmente, se ve con curiosidad y expectativa de qué forma se desarrollará el primero gobierno progresista luego de un ciclo regional, del que Colombia fue la principal ausente.

El acercamiento al centro político y en especial, la llegada de José Antonio Ocampo como ministro de hacienda (economía) cambio drásticamente las perspectivas, sobre todo, en materia de transición energética. Petro se fue distanciando de la idea de abandonar la exploración de recursos del subsuelo, y menos aún con un barril del petróleo que ha oscilado en el ultimo tiempo, entre los 90 y 110 dólares. Aquello significa una fuente recursos inestimable en momentos en que urge una recuperación económica luego de la severa crisis que golpeó a 19 millones de personas que se encuentra en la pobreza. Por eso, el principal reto para el cambio de ese modelo neoliberal tan denostado por la izquierda colombiana, hoy progresista, consiste en iniciar una transición para que Colombia tenga un Estado de bienestar. Es decir, donde el Estado intervenga en el mercado de una forma selectiva pero sistemática y se aseguren unos mínimos vitales para los más vulnerables. Esa fue la idea del Estado social de derecho que sacralizó la Constitución de 1991 pero que, en las últimas décadas, se fue perdiendo conforme Colombia creció económicamente, pero sin reducir de manera significativa los niveles de concentración (coeficiente de Gini cercano a 0,52).

Nada se podrá alcanzar hasta que se haya realizado la ambiciosa reforma fiscal que busca establecer un esquema progresivo, para que sea una realidad la consigna de que se paguen impuestos en proporción a la riqueza. Petro y Márquez reciben un déficit cercano a los 83 billones de pesos que representan casi 7% del PIB, el más alto de nuestra historia, de acuerdo con Salomón Kalmanovitz. Esto quiere decir, que el reto es doble, por un lado, reducir ese desbalance y de otro, conseguir recursos para redistribuir cuando no existe margen de espera: uno de cuatro hogares en Colombia no tiene acceso a las tres comidas diarias y en lo corrido de 2022, 39 menores del pueblo wayú han muerto por desnutrición. Panorama crítico y desolador.

El gobierno ha apostado por un cambio importante con la designación de Cecilia López Montaño en agricultura y la llegada de Giovanny Yule a la Unidad de Restitución de Tierras. Aunque se esperan otros nombramientos en agencias clave, se trata de una iniciativa ambiciosa que pretende arreglar el tema de la tierra en Colombia, cuya concentración fue la causa para el conflicto armado y factor para su prolongación. No por nada el primer punto de los Acuerdos de La Habana con las FARC, lo abordaba. En estos cuatro años, poco a nada se avanzó, y fue evidente la estrategia de ralentización originada en el rechazo de la administración Duque al acuerdo de paz. Este siempre fue interpretado por la derecha como una responsabilidad de la administración de Santos, una forzada hermenéutica que políticos del Centro Democrático llevaron al exterior y que fue vehementemente rechazada.

Iniciar una transición hacia el Estado de bienestar y una reforma de la tierra, representan ideales que una administración progresista debiera alcanzar en función de su ADN ideológico.

De otra parte, Márquez y Petro reciben un país polarizado donde las posiciones ideológicas son cada vez menos reconciliables. La derecha está diezmada por el resultado electoral, legislativo y presidencial, además de la evidente fractura por haber apostado por Rodolfo Hernández. Hoy paga caro el hecho de “haber pactado con el diablo” con tal de impedir el triunfo de Petro y la inexplicable estrategia de cara al balotaje de soltarle la mano a Federico Gutiérrez. La oposición que ha optado por la vocería de Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo optará seguramente por capitalizar las enormes expectativas y ante el primer amago de descontento, convocaran a la movilización y es posible que reviva la estrategia del expresidente Álvaro Uribe de la desobediencia civil, como ocurrió en los diálogos de paz de Santos. El país asistirá a la estrategia del “todo vale” como en los ocho años de Uribe, pero esta vez en la oposición.

En política exterior parece haber un camino allanado con Estados Unidos, Europa y algunos países de América Latina. Los cuatro años de Duque fueran tan modestos diplomáticamente, que las correcciones son evidentes y no pasan por filtros ideológicos. A pesar de los vaticinios pesimistas sobre una mala relación con Washington, a partir de hoy, Leyva intentará sacar provecho de la evidente sintonía ideológica Petro Biden, en materia de medio ambiente o transición energética, derechos humanos y paz. Algo distinto se puede proyectar con Nicolás Maduro donde a pesar de las buenas intenciones no hay nada ganado. Se trata de una relación compleja, pero en la que el nuevo gobierno ha tomado la acertada decisión de volver a la institucionalidad diplomática y evitar la ideologización, algo que ha terminado por desgastar a todas las administraciones colombianas desde Andrés Pastrana a finales de los 90.

En medio de este ambiente de polarización acompañada de grandes expectativas y retos complejos, empieza lo que se ha reivindicado como el primer gobierno popular en la historia de Colombia. Quedan atrás, para bien o para mal, décadas de gobiernos afectos a la política tradicional y después de tantos intentos, el país sabrá si es posible girar a la izquierda sin grandes traumatismos.