Gustavo Petro comienza su presidencia con mayorías en el Congreso, pero qué tan sólida es la aplanadora

Aunque las coaliciones en Senado y Cámara son favorables al nuevo gobierno, casos como la elección del nuevo contralor demostraron que la adhesiones de algunos movimientos no son tan incondicionales como se suponía

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Congreso de Colombia (Colprensa - Camila Díaz)
Congreso de Colombia (Colprensa - Camila Díaz)

Han pasado poco más de dos semanas desde que se posesionó el nuevo Congreso de la República, que recibirá el presidente Gustavo Petro para su posesión este 7 de agosto. En ese tiempo se ha visto cómo podría funcionar en el inicio del gobierno, justo cuando deberán adelantarse varias de las reformas más sensibles e importantes, de acuerdo a los anuncios.

Antes de que se instalara el Congreso, el presidente Petro había consolidado el apoyo de las mayorías, con 63 senadores de los 108 y 106 representantes de 188 a su favor, gracias a la adhesión del Partido Liberal, segundo con más curules en ambas cámaras, y el partido de La U, que decidieron ser parte de la coalición de gobierno.

El llamado acuerdo nacional funcionó para la elección de las mesas directivas, en unos acuerdos que generalmente se cumplen. Además, mostró firmeza en la primera plenaria del Senado, que resolvió con 74 votos a favor la extensa discusión que había tomado la ratificación del Acuerdo de Escazú, que durante más de un año no había logrado avanzar de las primeras discusiones.

Se trata de una promesa de campaña que ahora deberá resolver la Cámara de Representantes, donde el panorama, sobre el papel, parece favorable. Sin embargo, en la última semana se ha visto que la unidad de la bancada parlamentaria del gobierno podría ser frágil.

El nuevo Congreso heredó un problema. Los anteriores legisladores dejaron una lista de elegibles para contralor de la república, que fue revocada por el Tribunal Superior de Cundinamarca en un fallo en el que exigió rehacerla cumpliendo los principios de paridad y meritocracia.

La discusión se tornó tanto jurídica como política. Por un lado, varios legisladores cuestionaron la legalidad de citar una nueva comisión accidental para conformar la lista y decidieron apartarse de la decisión, mientras que por otro acusaron al gobierno de Petro de apoyar un candidato, así como algunos partidos se sumaron a otros apoyos.

Aunque para algunos políticos y analistas ese proceso ha sido muestra de las fracturas en la bancada parlamentaria de gobierno, incluso por diferencias entre los mismos miembros del Pacto Histórico; para otros se trata de una muestra del reacomodo de las fuerzas políticas para un gobierno que se propone generar un cambio.

Patricia Muñoz Yi, docente-Investigadora y directora de Posgrados de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, explicó a Infobae Colombia que la elección del contralor “es el reflejo de todo este proceso inicial, en donde los actores políticos están buscando ubicarse en la mejor posición, obtener beneficios en términos de participación en el gobierno y en términos de liderazgo, de las comisiones, de cercanías entre movimientos o con el gobierno mismo y que le han dejado a la ciudadanía esa sensación de que se repiten las mismas prácticas que hemos experimentado en otros gobiernos”.

En ese sentido, asegura la investigadora, resta ver cómo será la negociación del gobierno nacional con los partidos. Además, el contralor general es un puesto apetecido por el poder político que representa y la función de control fiscal que maneja.

En medio del proceso, el partido de La U y Liberal hicieron coalición con el Conservador y Cambio Radical, estos últimos que no han definido su postura respecto al gobierno Petro, para apoyar a la candidata María Fernanda Rangel.

Su declaración de apoyo se dio antes de que se realizara la Comisión Accidental de conformación de la lista convocada por Roy Barreras; además, cuando sonada el nombre de Julio César Cárdenas por parte del gobierno entrante, que finalmente no fue seleccionado.

Esa decisión generó múltiples molestias entre los partidos. Incluso desde el Pacto Histórico, entre quienes ya se han presentado diferencias. “Han hecho una declaratoria sin el Pacto Histórico. Lo que significa que son coalición del Congreso y no del Gobierno”, señaló el exsenador Armando Benedetti.

Gustavo Bolívar fue más enfático: “Los partidos políticos responsables de la corrupción en Colombia se han pronunciado: votan por María Fernanda Rangel, testaferro del contralor Córdoba. Quieren 4 años más de impunidad. Esto pone a prueba el Pacto Histórico. Si la elegimos, habremos incumplido la promesa de cambio”, escribió.

Cambio Radical había buscado suspender la comisión accidental con una proposición del senador Carlos Abraham Jiménez, pero no fue aceptada. En medio de esa discusión, el senador David Luna aceptó la capacidad parlamentaria del Pacto Histórico. “Ustedes tienen las mayorías, utilícenlas, y utilícenlas con contundencia, pero permítannos a quienes pensamos distinto hoy, jurídicamente, no políticamente, que tengamos la capacidad de expresar las preocupaciones que en este momento se tienen”, dijo.

En ese sentido, para la analista Muñoz de la Javeriana, la elección de contralor no es un fracaso del Pacto Histórico, sino un problema heredado del anterior Congreso que se encuentra justo en un momento en que las diferentes fuerzas políticas buscan acomodarse en espacios de poder y en el que la Contraloría es uno de ellos.

Estas situaciones lo que nos empiezan a mostrar es que el escenario no es realmente un bloque sólido, monolítico, que va a estar junto al gobierno apoyando sus iniciativas. Lo que se observa es que el constituirse en partidos del gobierno o mantenerse independiente con la promesa de apoyar las iniciativas de gobierno, va a requerir una negociación permanente con estos partidos políticos para mantenerlos en el voto favorable a las iniciativas”, señala Muñoz.

Según explica la docente investigadora, se trata de una mayoría holgada, pero no absoluta, que puede presentar tensiones que podrían resquebrajarla, como las que ya se han visto. En ese sentido, serán claves los 10 ministerios que faltan por nombrar para completar el gabinete, aunque el presidente electo afirma tenerlos listos.

Petro ya anunció los seis ministerios que comprometen su agenda, con personas que apoyaron su campaña o que no hacen parte de partidos políticos, y también el Ministerio de Cultura. Los otros, en caso de aceptarlo, podrían darle manejo político a su gobierno. Por ejemplo, el partido Liberal ya ha presentado más de 30 hojas de vida, según el diario El Espectador, para el Ministerio de Vivienda.

Así mismo, Guillermo Reyes, quien hace parte del partido Conservador y es cercano al presidente de esa colectividad, sonaba para liderar la cartera de Justicia, pero los cuestionamientos por presunto plagio lo apartaron. Aún así, ha sonado para posicionarse en el Ministerio de Transporte.

Habrá que esperar cómo juega el presidente Petro esas cartas, pues llegará a la posesión sin confirmar el lleno de los nombres que lo acompañarán al menos durante la primera parte de su gobierno. En esta, como se ha dicho, se jugará la capacidad del resto de su administración porque buscará en el primer semestre radicar las reformas más importantes de su programa.

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