Derechos humanos y paz: lo que queda del gobierno de Iván Duque

Durante los cuatro años del presidente saliente, Iván Duque, se dieron diferentes episodios de violencia que hicieron que las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, pusieran la lupa en el territorio colombiano para hacer un seguimiento a los hechos.

Por ejemplo, se dieron múltiples denuncias sobre presuntas violaciones de Derechos Humanos en el Paro Nacional del 2021, las cifras de homicidios a policías, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz aumentaron de forma significativa; en el 2022 van 110 líderes y lideresas asesinados, 31 excombatientes muertos; y al menos 36 policías asesinados a manos del Clan del Golfo, según las cifras oficiales de las autoridades. Otro hecho que volvió a ser noticia, fue el regreso de las masacres, en el 2022, van 60.

Además, se detuvieron los diálogos de paz con ELN en el 2019, luego de que el grupo guerrillero hiciera un atentado en contra de la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá; sumado, se denunció la pérdida de más de 500 mil millones de pesos del dinero de la implementación del acuerdo de paz, pese a que entre los resultados que entregó el gobierno se dieron de baja a más de 9 cabecillas de grupos armados, desaparecieron los Puntilleros, los Caparros y los Pelusos; y se logró la captura de 1.500 hombres menos en armas.

También, se dieron diferentes acusaciones del presunto regreso de los falsos positivos, por situaciones como la de Putumayo donde murió una mujer embarazada, un menor de edad y un líder de Acción Comunal. Sin embargo, esos hechos fueron negados por el Ministerio de Defensa.

Ante este panorama, Infobae Colombia, habló con los representantes de dos organizaciones, Instituto de estudios para la Paz y el Desarrollo -Indepaz- y Fundación Paz y Reconciliación -Pares-; que han hecho seguimiento a los temas mencionados.

Por un lado, el medio entrevistó a Diego Alejandro Restrepo (D.R) - Coordinador de la línea de Conflicto, Paz, Postconflicto y DD.HH. de Fundación Pares. Sociólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia con experiencia en el área de educación y pedagogía con enfoque de género, conflicto armado y postconflicto.

Infobae: Con base en las investigaciones y los análisis que han hecho, desde la organización ¿Considera que el aumento de violencia y crecimiento de actores armados se debe a una mala implementación del acuerdo de paz en los territorios o a la política criminal que implementó el gobierno de Iván Duque?

D.R: Hay varios factores que podrían ayudar a comprender la situación de aumento de los principales indicadores de violencia. El primero es la falta de voluntad política y también en materialidad concreta de implementación del acuerdo de paz, en los puntos quizá más álgidos, para temas de seguridad y de Economía ilegales y criminales, eso se refiere principalmente a los incumplimientos en el programa de sustitución de cultivo ilícito, lo que tiene que ver con el acompañamiento y los desembolsos a las familias que hicieron los pactos con el Estado sobre este tema.

Lo otro es que durante el Gobierno de Iván Duque no se activó la comisión nacional de garantías y seguridad, que era una instancia donde participaron distintos sectores institucionales y de la sociedad civil con el propósito de desmantelar el crimen organizado y la violencia organizada en general en los distintos territorios, pero también hay unos incumplimientos muy graves en materia, por ejemplo, de protección a líderes sociales, de las personas excombatientes de las FARC; sin contar con el tema del incumplimiento en los planes de acción para la transformación territorial que fueron derivados de los PED’s.

Entonces, todo este escenario de incumplimiento sistemático, de falta de voluntad política, fue un componente muy fuerte para que en los distintos territorios del país, especialmente los más afectados por la violencia de la guerra se activaron nuevas espirales de violencia a través de grupos armados organizados. Como lo planteamos desde las investigaciones de Pares, durante el gobierno de Iván Duque hubo un crecimiento y un fortalecimiento de los principales grupos armados organizados (Clan del Golfo, disidencias de las Farc y ELN).

Lo que identificamos, es que hay 420 municipios, es decir, alrededor del 37% del país con algún tipo de influencia de grupos armados organizados, lo cual indica un fortalecimiento del control de su presencia, que tiene que ver también, por un lado, con la visión de seguridad que tiene, el gobierno saliente, que se enfocó precisamente en la seguridad reactiva y militarista y que equiparo a que el Estado colombiano era fuerza pública y repitió los errores del pasado.

Esto quiere decir que, pese a que la Fuerza Pública mostró un incremento de sus acciones y que presentaron cifras históricas en diferentes temas como: erradicación forzada en materia, capturas y dadas de baja de personas del ELN de las disidencias y del plan del Golfo; cuando uno va a contrastarlo con la realidad de los territorios no tuvo ninguna eficacia

Los principales factores que contribuyeron al fortalecimiento de los grupos y de violencia fueron: la falta de implementación del acuerdo de paz por falta de voluntad política, que además, robaron la plata de la paz; una política pública de seguridad y de defensa errada, que no tenía lecciones aprendidas de la implementación pasada y que retomó los principios uribistas, y que fue objeto de discusiones enormes, incluso, en medio como The New York Times porque parecía que dentro de las Fuerzas Armadas y del Ejército nuevamente se promovía en las bajas y las muertes como forma de medir los indicadores y los resultados de la fuerza pública, especialmente las Fuerzas Militares.

Los dos componentes anteriores de la mano de un gobierno totalmente distante de la realidad territorial en distintos aspectos a que Colombia tuviera estos incrementos de a violencia.

En materia de violencia, que desde pares nos parece muy preocupante la tasa de homicidios para el año 2016, año en que se firma el Acuerdo de Paz de carácter nacional, estaba casi igual a la tasa de homicidios de los municipios más afectados por la guerra, estaban la nacional en 24 alrededor de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes y la tasa de homicidios de estos lugares estaba en 27 homicidios mil habitantes en el 2021, el promedio nacional se mantuvo estable y las tasas nacionales, fue de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes; la tasa de homicidios de estos lugares afectados por la guerra casi que se duplicó y llegó a 42 la nacional después de que estaban casi en la misma etapa en el año 2016.

Qué quiere decir esto, que aquellos lugares que fueron más afectados y que fueron priorizados para el postconflicto son los que están experimentando hoy los coletazos de la violencia organizada, el crecimiento de los grupos, pero también hay que hablar de la responsabilidad del Estado por no garantizar la protección de las comunidades, por no implementar el acuerdo de paz e incluso y la participación de la fuerza pública por acción oficial en violaciones a derechos humanos, otro dato relevante durante estos años de gobierno duque han sido asesinados, por lo menos 36 niños en acciones de bombardeo de las fuerzas militares, por eso los distintos ministros de defensa que ha tenido duque han estado en el Congreso respondiendo a mociones de censura.

Infobae: En esta misma línea, ¿Por qué cree que se aumenta el homicidio especialmente a actores sociales como líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes, e incluso, se activó “el plan pistola” del Clan del Golfo contra funcionarios de las fuerzas públicas?

D.R: Acá hay que plantear una lectura de carácter más regional. En general, los líderes y líderes sociales que están siendo mayormente afectados son líderes comunitarios, líderes que son presidentes muchas veces de Juntas de Acción Comunal, líderes indígenas, afro y campesinos. Por lo general, estos líderes sociales se oponen a diferentes acciones de los grupos armados y sus intereses, por ejemplo, a las economías criminales e ilegales que afectan sus territorios en minería criminal, y también de cultivos de coca, que en muchas ocasiones generan impactos de carácter ambiental. Por otra parte, hay quienes promueven agendas de defensa, promueven la sustitución de cultivos, promueven los derechos colectivos, entre otros temas. Esto representa un riesgo no solo para los grupos armados organizados que tienen su negocio criminal en estos territorios sino también para poderes locales, territoriales, élites políticas, que ven en estos ejercicios de liderazgos una amenaza para sus intereses, especialmente en el Urabá antioqueño en Córdoba y Chocó.

También, en menor cantidad, hemos recibido denuncias en cada caso en los cuales las Fuerzas Militares han sido presuntamente responsables de asesinatos; tenemos por lo menos 14 casos identificados, en los cuales presuntamente estaría involucrada las Fuerzas Militares entonces también parece haber allí un ejercicio de estigmatización de la labor los lideres y lideresas; que vemos en lo mediático, en el institucional de los funcionarios del Centro Democrático que han dicho, que la defensa de derechos humanos es igual a ser guerrillero o terroristas.

En el caso de los agentes de la Fuerza Pública que están siendo asesinados, también, hay unas lógicas de carácter territorial. Las razones por las cuales se está desarrollando esta violencia, es, por un lado, porque el Clan del Golfo quiere mostrarse fuerte para generar seguramente una necesidad de una obligación de un sometimiento a la justicia o lo que desde el Clan han querido hacer y es promoverse como un actor político y buscando ese reconocimiento que eventualmente puedan entrar en una negociación lo cual es por lo menos en términos jurídicos inviables.

Los otros es una búsqueda de mostrarse fuerte ante un eventual proceso de desmantelamiento de la estructura armada organizada, de generar como mejores condiciones para lo que ellos creen que podría ser una eventual negociación. Sin embargo, habrá que ver cuál es el camino la política de paz que plantea el gobierno de Gustavo Petro.

Además, producto de la política que se implementó y la deslegitimación de acuerdo de paz, este gobierno que se decía el defensor de la fuerza pública, el defensor de las Fuerzas Militares ha sido el que ha traído nuevamente mayores impactos en la en las Fuerzas y sus miembros, es decir, no ha promovido las políticas adecuadas para salir de ese espiral de violencia.

Sumado, la política de este gobierno ha promovido la crisis de legitimidad que hay en los territorios frente al papel de la fuerza pública por cuenta de las violaciones a derechos humanos que han cometido. Digamos violaciones a derechos perpetrados por la Policía Nacional y que este gobierno quiso desmentir, quiso desdibujar, quiso deslegitimar y eso le hace mucho daño a la institución.

Infobae: Ahora bien, otra violencia que volvió al escenario de las regiones son las masacres que han aumentado en los últimos dos años, según datos oficiales ¿A qué se debe el aumento de este tipo de violencia?

D.R: El primer factor a tener en cuenta ahí, es la situación de confrontación entre grupos armados organizados, entonces aparte de combatir en algunos casos con la oferta pública, combaten entre ellos por el control territorial y por el control de las economías criminales. Este es el caso, por ejemplo, del Cauca, Santander, Nariño, entre otros.

Pero no, porque, como lo ha dicho este gobierno, las víctimas estén vinculadas en distintos casos con economías ilegales o criminales, sino porque las poblaciones civiles empieza a ser objeto de sospechas por parte de cada uno de los grupos objeto de amenazas y señalamientos por pertenecer al otro bando por auxiliar al otro bando y esto digamos aparte de ejercer la violencia directa contra ese objeto de sospecha que es la población civil también manda un mensaje de intimidación de fuerza de despliegue de violencia. Además, hay otro elemento a tener en cuenta y es que cuando la organización social y los procesos colectivos son más fuertes, los grupos armados organizados, tienden a ejercer mayor, violencia y sevicia para amedrentar. Entonces, las masacres constituyen a un mecanismo terriblemente cruel de los grupos armados organizados, uno para intimidar a la población civil, dos para intimidar a su contrincante y tres para mostrar digamos control territorial y capacidad de despliegue de violencia.

Infobae: Cambiando un poco del tema, el Paro Nacional, ocurrido en abril del 2021, se convirtió en un hito histórico del periodo del gobierno de Iván Duque. Organismos internacionales y organizaciones nacionales señalaron múltiples violaciones a los Derechos Humanos por parte de agentes del Estado. Sin embargo, el gobierno nunca aceptó las acusaciones. ¿Qué impacto tuvo este hecho en los Derechos Humanos?

D.R: Bueno, pues es un impacto totalmente negativo, en principio, por el despliegue desproporcionado, incluso en algunos casos, como lo vimos ilegal, de la violencia contra la población civil que estaba movilizándose. Por ejemplo, como hubo miembros de la Policía en alianza con grupos, como una especie de paramilitarismo urbano que salieron a asesinar, personas que se movilizaban, personas desaparecidas, personas asesinadas, personas sin ojos, que es algo que quizás se ha convertido en ese símbolo de la violencia, pero también de la resistencia en América Latina, que es algo similar a lo que sucedió en Chile, entonces, el balance es terrible, es muy desalentador y más desalentador aún, que no haya explícitamente la sanción por parte de gobierno y una disposición de la Fiscalía y de la institucionalidad para juzgar a los responsables y para prevenir que esto suceda al interior de la fuerza pública.

Pero, por otra parte, en el largo plazo vemos la importancia de esa movilización social especialmente para poner sobre las agendas públicas, los distintos problemas que se habían agudizado con la pandemia, por supuesto de carácter estructural; y la crisis económica social, recordemos los trapos rojos, entonces esto fue también una visibilización de agendas de carácter barrial comunitario, que habían sido silenciadas o habían intentado ser silenciadas por este gobierno y por esta fuerza, lo cierto, es que si uno se pone a ver plazo está gran estallido social, fue parte de la construcción de la sociedad más rica que se moviliza, de una ciudadanía activa frente un gobierno totalmente distante de la realidad de la población colombiana.

Infobae: Teniendo en cuenta estos dos como grandes bloques ¿Cuáles cree que son los retos que le queda al gobierno de Gustavo Petro en tema de derechos humanos?

D.R: Dado este balance, los principales retos, por un lado, son en materia de paz; agilizar la negociación con el ELN y dar victorias tempranas y contundentes; para esto se necesita la voluntad real del grupo armado, entonces, ya vamos a ver cómo eso opera. Sumado, lograr reformar o activar los aparatos judiciales que hay para el sometimiento a la justicia y lograr crear incentivos reales para el desmantelamiento principalmente del Clan del Golfo, de los Caparrós, del EPL y de las disidencias de FARC.

Por otro lado, construir estatalidad en el nivel territorial, eso se hace, también, acelerando la implementación del acuerdo de paz; pues se debe prevenir que suceda lo mismo que sucedió con las Farc y que estos vacíos de poder se constituyan en un botín para los distintos grupos criminales que puedan quedar o disidentes. Es decir, se necesita que el Estado copie de manera ágil con institucionalidad integral ese territorio, por supuesto, con fuerza pública pero con una visión integral de la presencia institucional.

De la mano de la generación de confianza entre la fuerza pública y las comunidades afectadas por la violencia de la guerra, lo cual se generará en el nivel estructural, también, construyendo una policía enfocada en los derechos humanos o fortaleciendo la policía en materia de derechos humanos, el de pasando el Ministerio del Interior quitarle el fuero militar, seguramente una reforma estructural a los mandos de las Fuerzas Militares, un cambio de doctrina para la paz y no para la guerra.

Por otro lado, se dialogó con Leonardo González (L.G), Coordinador de proyectos de Indepaz. Profesional en Derecho con énfasis en Derechos Humanos. Desde hace 15 años es investigador en temas sobre paz, minorías étnicas, comunidades de base, Derechos Humanos y empresas y Derecho Internacional Humanitario. Coordinador de la Unidad Investigativa de Indepaz para el análisis del conflicto armado.

Infobae: Con base en las investigaciones y los análisis que han hecho, desde la organización ¿Considera que el aumento de violencia y crecimiento de actores armados se debe a una mala implementación del acuerdo de paz en los territorios o a la política criminal que implementó el gobierno de Iván Duque?

L.G: En primer lugar, son varios factores que se expresan ahí, empezando por la falta de presencia estatal en los territorios luego del proceso de paz, bueno, nunca ha habido una presencia estatal fuerte, pero para empezar al menos a reemplazar la presencia donde estaban las extintas Farc. Se estaba presentando en algunos casos solamente militarmente, pero no por el Estado en general, con política pública, en vías en temas de salud, de educación, para prevención de reclutamiento y demás.

Dos la falta de implementación del acuerdo de paz y más que todo, la tergiversación del acuerdo de paz, con una política que el presidente Duque aplicó para interpretarlo a su forma; y solo priorizar algunos temas y no garantizar de forma integral como lo decía el documento firmado entre las partes.

La tercera, ya más largo plazo y más cultural, es la estigmatización que se han presentado a la zona que tienen conflicto, zonas como el norte del Cauca; y también estigmatización a grupos o receptores como las comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, a los campesinos, entre otros. Igualmente, la estigmatización a los líderes sociales, a los firmantes de acuerdo.

Infobae: Bueno, ya que tocó el tema de líderes, ex combatientes y demás ¿Por qué cree que se ha dado el aumento de los asesinatos de estas personas dentro de estas comunidades y las zonas de violencia?

L.G: También por varias razones, por las diferentes conflictividades territoriales que hay. Es decir, en cada uno de estos territorios y no es igual en todas las zonas. Nosotros tenemos identificadas 10 zonas, en estas 10 zonas, los conflictos son distintos, por ejemplo, el actor armado y la violencia en Tumaco, es diferente a la de Catatumbo o la del Sur de Bolívar o en Chocó.

Y esto ha hecho que la forma de resolverlos haya sido mediante el uso de la violencia, que se da por varias razones, uno por la justificación de de esa violencia por parte un discurso del odio de un discurso estigmatizador, entonces la gente que tiene conflictos con algunas comunidades usa la violencia y dos, por la gran impunidad que imperan estos crímenes en el país, en la gran mayoría de la violencia en Colombia hay gran impunidad y el esclarecimiento es muy poco, entonces, se sienten en libertad de ejercer presión y ejercer una violencia que es mucho más rápida que el diálogo y que la negociación, entonces esa violencia se da en zonas especialmente, donde las comunidades se organizan y resisten, como en el Norte del Cauca o la Costa Pacífica. Las organizadas de estas zonas, resisten porque es su territorio y está defensa va más allá pues para ellos prima, el bien común, la colectividad de su territorio, el futuro de los hijos y así.

Infobae: Siguiendo con el tema de asesinatos, se esta llevando acabo “el plan pistola” que está liderando el clan del Golfo, donde prima el asesinato a miembros de la fuerza pública, policías, militares entre otros ¿Por qué el grupo criminal esta llevando acabo esto?

LG: Ese es un tema que comenzó en los últimos meses y se está dando sobre todo contra policías, de bajo rango y que no tiene tanta protección del Estado. Se está presentando en un momento coyuntural, algunos lo han interpretado como que el grupo está ejerciendo presión al nuevo gobierno para entrar a negociar, tienen la lógica perversa y creer que entran negociando, siendo más fuertes y van a negociar más; y su fuerza la miden con el número de muertos, entonces esta es una de las posibilidades.

Por otro lado, también es en temas de ajuste territorial que se están dando en algunas zonas donde hay enfrentamientos y los policías, están siendo violentados por estos grupos que pretenden tener el control y los agentes se les convierten en un estorbo para ellos.

Infobae: Ahora bien, otra violencia que volvió al escenario de las regiones son las masacres que han aumentado en los últimos dos años, según datos oficiales ¿A que se debe el aumento de este tipo de violencia?

L.G: La masacre tiene un mensaje, el mensaje es estoy en esta zona y puedo hacer lo que quiera, que no me van a atrapar, yo domino y punto. Es un crimen que genera bullas, mucho terror en la población, todo lo contrario de una desaparición forzada, que es un crimen que hace silencio y que no deja rastros; en la masacre quiere dejar todos los rastros posibles y entre más macabra sea mucho mejor para quien la perpetra porque más temor genera a la población. Este crimen colectivo se presenta en zonas donde hay una lucha por el control territorial y social de una población, entonces es especialmente en donde hay dos o más grupos armados queriendo tener ese poder.

Es diferente a las que se vivieron al inicio del siglo y finales de los 90, la peor época del conflicto armado, porque en esta época estamos viviendo guerras de masacre, se presentaba una masacre en una zona y el otro grupo respondía con otras. Hoy hay muchas, 60, según los registros, pero por razones diferentes y si se hay un incremento en esta actividad por la presencia de grupos al servicio del narcotráfico.

Infobae: Cambiando un poco del tema, el Paro Nacional, ocurrido en abril del 2021, se convirtió en un hito histórico del periodo del gobierno de Iván Duque. Organismos internacionales y organizaciones nacionales señalaron múltiples violaciones a los Derechos Humanos por parte de agentes del Estado. Sin embargo, el gobierno nunca aceptó las acusaciones. ¿Qué impacto tuvo este hecho en los Derechos Humanos?

Hay un quiebre. El paro nacional es una respuesta a una ausencia de Estado en las regiones y en las ciudades, un desespero de la gente incluso, en medio de una pandemia, un maltrato a la sociedad mediante unas políticas económicas; a esto se le sumó, la respuesta estatal que fue una respuesta por medio de la violencia con la policía, donde hasta el momento se tiene más de 60 jóvenes asesinados a manos del Estado, donde hay personas con lesiones oculares, más de 80, violaciones por algunos uniformados, decir, las violencias son muy fuertes contra la población como respuesta a este paro.

Entonces lo que generó principalmente, fue la desconfianza hacía la institución de la Policía, que tiene como deber proteger los barrios. Pero en este caso, la confianza se perdió completamente, esa conexión hizo que, además, se perdiera toda legitimidad. Otro resultado, fue la victoria de Gustavo Petro; que responde al clamor de la gente que pedía un cambio urgente de modelo político.

Infobae: Teniendo en cuenta estos dos como grandes bloques ¿Cuáles cree que son los retos que le queda al gobierno de Gustavo Petro en tema de derechos humanos?

Tiene muchos retos en este momento; una es las cifras de violencia que son muy altas, entonces, tiene el reto de hacer un análisis de contexto, de lo que está sucediendo. Otro reto es empezar a ver cuáles son las prioridades para estos cuatro años y cuando son las políticas que puede implementar en este primer año.

Además, debe crear un plan especial para la protección de líderes y comunidades, es algo que se necesita, la protección colectiva, pues no solamente protección individual, ya que se queda corta, especialmente territorial.

Redefinir la política de Estado que está basada en la amenaza externa del narcotráfico y supone, pues, unos aliados que son los grupos armados organizados; para dar paso a una política diferente, a una política basada en seguridad humana y creo que, pues, es como el discurso que se ha venido dando desde Gustavo Petro, pero retomando el planteamiento, por supuesto, de Naciones Unidas. La seguridad humana y la seguridad no es más que garantizar los derechos humanos, política de seguridad para la defensa.

Por otro lado, estamos en una transición de la guerra a la paz, con un bache de cuatro años de la no implementación del acuerdo que han sido trágicos para el proceso de paz, pero que esperamos que se pueda retomar.

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