Este viernes 5 de agosto, un grupo de organizaciones sociales de Colombia y representantes de las comunidades étnicas confirmaron su respaldo al gobierno de Gustavo Petro, quien asumirá la jefatura del Estado el próximo domingo; sin embargo, aseguraron que continuarían en el ejercicio de las movilizaciones sociales si no se transformaba la realidad en los territorios.
Los representantes de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, así como organizaciones defensoras de derechos humanos y del medioambiente, confirmaron que este sábado realizarían un acto simbólico de posesión del mandatario electo y de la vicepresidenta, Francia Márquez, a quienes les exigieron un compromiso total frente a la consolidación de paz en las regiones.
“Para nosotros como movimiento social exigimos la garantía de la labor social. Hemos luchado toda una vida para garantizar condiciones de vida y hemos dicho que es necesario que este nuevo gobierno se piense de cara a garantizar mejores condiciones para los colombianos que se están muriendo de hambre y de otras causas que son producto del abandono”, expresó la representante del Congreso de los Pueblos, Johana Pinzón.
En ese sentido, la representante indicó que es fundamental que el gobierno del Pacto Histórico se comprometa a garantizar el derecho a la vida, la labor social y comunitaria, la defensa y permanencia de los territorios y el cumplimiento de los acuerdos que no han sido respondidos por el Estado y los gobiernos anteriores, razón por la cual confirmó que no se ha descartado seguir con los procesos de movilización que tuvieron gran impacto en el gobierno de Iván Duque.
“Hemos planteado que seguiremos en ese ejercicio de movilización social, dependiendo de cómo sean esas condiciones para las comunidades en los territorios”, señaló la vocera, quien fue respaldada por Ancizar Majín del CRIC, quien aseguró que era fundamental que el gobierno de Gustavo Petro materializara la Constitución de 1991 y se impulsaran los diálogos de paz, que han sido anunciados como uno de los principales propósitos del próximo gobierno.
En ese sentido, expresó que para el movimiento indígena era fundamental apoyar este proceso que se realizaría con organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, considerada la banda criminal más grande del país, señalando que era fundamental consolidar la reconciliación nacional para que iniciara un proceso de armonización en el país y la implementación de una paz duradera.
“Nuestra exigencia, que es un compromiso de gobierno, es tratar las causas del conflicto armado. Los diferentes grupos que hoy están en armas, los cuales hacen su presencia en los territorios, y que han manifestado su deseo de un diálogo para llegar a la vida democrática, es necesario que se vinculen a estos proceso y el Estado trace rutas para ello. Esa es nuestra propuesta”, indicó el vocero del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, Óscar Salazar.
El pronunciamiento de estas organizaciones sociales coincide con las reiteradas exigencias que se han expresado desde los territorios a los gobiernos nacionales, que como el de Iván Duque, tuvo que asumir una importante movilización durante buena parte de su gobierno frente a reclamos que no parecieron ser respondidos.
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