Pueblo kankuamo enfrenta riesgos graves en Valledupar, aseguran líderes indígenas

El pasado 26 de octubre de 2021, la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió un Alerta Temprana de inminencia en la que advertía sobre la grave situación que presentaban las comunidades indígenas pertenecientes al Resguardo Indígena Kankuamo, ubicado en zona rural del municipio de Valledupar, capital del departamento del Cesar, por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales.

Diez meses después de que la entidad emitiera este documento, en el que se alertaba sobre las amenazas, circulación de panfletos y la quema de los centros ceremoniales de esta comunidad, denominados kankurwas, voceros y líderes de los kankuamos denunciaron la persistencia de estas afectaciones en derechos humanos en el corregimiento Mukamake-Rioseco.

A su vez, los representantes indígenas manifestaron su preocupación por las comunidades de Murillo, Rioseco, Ramalito, Los Haticos, Rancho de la Gota, Mojao, La Mina, Pontón, Las Flores, Atanquez, Chemesquemena y Guatapurí, pertenecientes al pueblo Kankuamo, por cuenta de la presencia y accionar del Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Ejército Popular de Liberación (EPL); y el Clan del Golfo, considerada la banda delincuencial más grande del país.

“Seguimos haciendo monitoreo a las recomendaciones para lograr la garantía de los derechos de este pueblo indígena y exhortamos a las autoridades a que revisen y acaten las recomendaciones que hemos hecho para lograr la garantías de los derechos de las comunidades”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien realizó una visita a este territorio ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Asimismo, el funcionario se comprometió con el envío de los requerimientos y realización de reuniones con las autoridades locales y la fuerza pública con el propósito que actúen de manera rápida y efectiva para la protección de estos ciudadanos que han evidenciado el patrullaje de hombres vestidos de negro en algunas ocasiones y en otras con prendas de uso restringido, portando armas cortas y largas.

De igual manera, el defensor le manifestó al pueblo kankuamo el respaldo de la entidad para realizar un seguimiento a las vulneraciones de las situaciones que se habían advertido en la Alerta Temprana, por cuenta de la presencia y amenazas de los grupos armados ilegales en estos territorios, al tiempo que confirmó, que desde la Regional Cesar y la delegada para los Asuntos Étnicos se adelantaría un acompañamiento frente a la preocupación de esta comunidad relacionada con los riesgos denunciados.

“Estamos en la construcción de una alerta estructural para las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con el fin de que se pueda reforzar el trabajo articulado de la institucionalidad del Estado antes los escenarios de riesgo actual, por el proceso de expansión y consolidación de estructuras armadas, que generan desplazamiento forzado en el departamento”, concluyó el defensor Camargo.

En este departamento al norte de Colombia se han registrado más de 45.400 víctimas de desplazamiento forzado, entre 2021 y 2022 se han presentado desplazamientos individuales en los municipios de La Paz, La Jagua de Ibirico, Manaure Balcón del Cesar, Astrea, Chimichagua, Pailitas, Pelaya y Tamalameque.

La Defensoría ha advertido la grave situación en la que se encuentran los líderes y lideresas sociales en todo el departamento del Cesar, en particular, frente a los asesinatos contra líderes comunales, indígenas, afrodescendientes y campesinos, como el caso del líder y reclamante de tierras José Luis Quiñones, quien fue asesinado en Tamalameque.

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