Por pensionar a falsos docentes, condenados exfuncionarios de la gobernación de Cundinamarca

Entre los años 2010 y 2014 una firma llamada C&C Abogados S.A.S, reconocida por representar a profesores, habrían logrado idear un sistema con el que lograban generar los desembolsos pensionales, de forma irregular. La treta tuvo complicidad de dos funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca, quienes emitían documentos y certificaciones falsas para avalar el pago de las jubilaciones, llegando a beneficiar a docentes que ni siquiera cumplían con los requisitos mínimos para acceder a este dinero.

La Fiscalía General de la Nación encontró que Carlos Ocho y Juan Carlos Solaque, abogados de la firma anteriormente señalada, habrían convencido y vinculado a su entramado a Luis Alberto Acuña Robayo y Fabián Alberto Moreno Jiménez, exfuncionarios de la Gobernación de Cundinamarca quienes recibían a través de correos electrónicos los nombres y datos de las personas que debían certificar.

La finalidad de esto era ‘nombrarlos’ como profesores de la planta docente del departamento, logrando así justificarles desembolsos ante la Unidad de Gestión de Parafiscales y Pensión, UGPP, si no, buscaban que se les aumentara el salario.

Esto lo lograban ya que por trabajar en la administración de Cundinamarca tenían accesos al sistema Mercurio, lo que les permitía expedir los documentos falsos, pues podían firmar con este software a nombre de la directora de archivo de la Secretaría de Educación.

Esta labor realizada por al menos 4 años, dejó un total de 1.607 certificaciones expedidas, con falsedades, la cual hizo que se desembolsaran sueldos con un 20 % más de lo autorizado, entre muchas otras acciones que generaron un multimillonario desfalco en las arcas de la gobernación.

Según pudo determinar la investigación del ente investigador y judicial, tanto a Luis Alberto Acuña Robayo y Fabián Alberto Moreno Jiménez recibieron pagos, o coimas, a cambio de entregar estos documentos, los cuales se entregaban a la firma C&C Abogados S.A.S y estos los presentaban ante la Unidad de Gestión de Parafiscales y Pensión, donde se solicitaba la jubilación de estos supuestos profesores.

Por estos hechos, Luis Alberto Acuña Robayo fue sentenciado a 6 años de prisión y Fabián Alberto Moreno Jiménez a 7 años, condenas rebajadas tras hacer un preacuerdo con la Fiscalía ya que aceptaron su responsabilidad por los hechos. A estos exfuncionarios de la Gobernación de Cundinamarca se les imputaron los delitos de cohecho propio, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad de material en documento público.

Los procesados solicitaron en la audiencia ser cobijados con medida de aseguramiento domiciliaria, ya que alegaban ser padres de familia, pero, el juzgado desestimó la solicitud, confirmando que debían pagar su condena en un centro penitenciario y carcelario.

Hechos similares se presentaron en Cartagena

La Fiscalía también anunció que el concejal de la capital del departamento de Bolívar, Óscar Marín Villalba, que también fue el exdirector del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena, FONPECAR, fue procesado por el favorecimiento de la pensión de la señora Bertha Tarón Arrieta, a quien le reconocieron su jubilación por vejez.

El imputado fue procesado por el delito de prevaricato por acción en concurso con peculado por apropiación. La señora Bertha Tarón, aunque no fue condenada, sigue vinculada a una investigación por un presunto peculado por apropiación en calidad de interviniente.

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