En las últimas horas, la Personería Delegada para la Familia y los Sujetos de Especial Protección Constitucional emitió una alerta por el número de capturas que se están realizando en comparación con la cantidad de sentencias que efectúan los jueces de familia.
El llamado se hizo a la Alcaldía de Bogotá para que se le haga seguimiento a las capturas y especialmente a la Secretaría de Seguridad del Distrito para que adopten los mecanismos que garanticen la eficacia de las órdenes de arresto emitidas por los jueces de familia. Hicieron énfasis en que no capturar a las personas sentenciadas por hechos relacionados con violencia intrafamiliar es poner en riesgo a las víctimas.
“Se evidenció que un número significativo de las órdenes de arresto proferidas no habían sido materializadas como consecuencia del incumplimiento de medidas de protección otorgadas por la ocurrencia de hechos de violencia en el contexto familiar”, se lee en el documento difundido por la entidad.
Ante esta situación, la Personería solicitó al Distrito que se garantice la protección reforzada de las víctimas de hechos de violencia en el contexto familiar. El reclamo señala que las autoridades distritales se articulen y dispongan de espacios físicos en los que se cumplan estas medidas y se creen los protocolos que faciliten la ejecución de sanciones, cumpliendo el ordenamiento jurídico.
Igualmente, plantearon que es importante que se logre contribuir en la prevención especial y en los derechos de las personas que son sancionadas.
La situación es bastante alarmante, puesto que según el comunicado de la Personería Delegada para la Familia y los Sujetos de Especial Protección Constitucional, de las 1.596 órdenes de arresto proferidas por los Jueces de Familia de Circuito de Bogotá desde el inicio de la emergencia sanitaria en 2020 y hasta el pasado 12 de julio de 2022; 1.300 no cumplían las condiciones fijadas por la Cárcel Distrital para su materialización.
Para llegar a estas conclusiones, la Personería informó que recientemente hizo unas visitas administrativas a la Oficina Jurídica de la Policía Metropolitana (Sijín), en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de mujeres y también a la Secretaría Distrital de Seguridad. Recalcaron que solo se permite el ingreso a la Cárcel Distrital de personas cuya orden de arresto sea superior a diez días.
Además de hallar las cifras que se citaron anteriormente, la Personería también señaló que en medio de sus visitas se dieron cuenta de que la cárcel Distrital tiene dentro del pabellón de protección y seguridad 24 celdas disponibles, pero de ellas solo diez están destinadas para arrestos administrativos. Mientras que en el Anexo de Mujeres, se tiene una celda con cuatro lugares para el cumplimiento de las órdenes de esta misma clase de arrestos.
Personería de Bogotá busca fortalecer la atención a la población migrante
Con el fin de garantizar asistencia humanitaria a la población migrante que se encuentre en Bogotá, el Consejo Danés para los Refugiados y la Personería de Bogotá suscribieron un nuevo acuerdo en el que se contemplan medidas para promover la integración de la comunidad venezolana que reside en la capital.
El propósito inicial de la firma de este memorando es poder asistir a los refugiados y migrantes que estén, bien sea de manera temporal o con el objetivo de establecerse, en la ciudad. En este sentido, y tal como lo ha señalado la Personería de Bogotá, dejó en firme su compromiso con la promoción y defensa de los derechos de la población refugiada y migrante.
“Facilitar el proceso de integración a la sociedad de la población venezolana y evitar que exista discriminación en la ciudad serán parte de nuestros aportes para esta gran alianza”, afirmó Julián Pinilla Malagón, Personero de Bogotá.
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