Roy Barreras afirma que quienes renunciaron a la Comisión Accidental están incurriendo en prevaricato por omisión

Hasta el momento, cuatro congresistas que integraban a la Comisión Accidental para elaborar una nueva lista de aspirantes al cargo de contralor general de la República, renunciaron a dicha sección alegando que podrían meterse en líos jurídicos. Así lo manifestó, por ejemplo, el senador Humberto de la Calle, quien dijo en sesión plenaria que “desconocer un acto administrativo y rehacer la lista de candidatos, implica riesgos para el Congreso, la Comisión y el erario público”.

Miguel Ángel Pinto, Lidio García Turbay —quien tiene líos judiciales por la elección de la contralora de Cartagena, Nubia Fontalvo en 2016— y Juan Felipe Lemos fueron los otros congresistas que renunciaron a esta Comisión. Todos, a excepción de García, argumentaron razones similares a las del senador de la Coalición Alianza Verde-Centro Esperanza. Ante esto, Roy Barreras, presidente del Senado y el principal promotor de rehacer el listado de elegibles, envió una advertencia a quienes se apartaron de esta sección.

Junto con ese llamado, aprovechó para felicitar a quienes aún integran esta Comisión Accidental, indicando que van a cumplir “con su deber constitucional y legal”. Acto seguido, dijo que ningún congresista elegido no se puede apartar de este grupo, pues es “no renunciable” para la selección de los 10 aspirantes al cargo de contralor que se llevará a cabo este jueves 4 de agosto.

Incluso, el senador del Pacto Histórico dijo que no es cierto que al integrar la Comisión incurren en prevaricato, argumentando que son “inexistentes”. En cambio, advirtió sobre quienes renunciaron que “el único prevaricato real es la omisión en el ejercicio de sus funciones” y añadió que “el miedo” no es un motivo válido para dejar de cumplir con el deber constitucional de participar en la elección de la cabeza de este ministerio público.

Le puede interesar: David Racero retiró camionetas blindadas a varios funcionarios de la Cámara de Representantes

En sus mensajes compartidos en Twitter adjuntó la ley que argumentaría sus declaraciones. La normativa señala que “el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses”.

El artículo 414 de la Ley 734 de 2022 mostrado por el presidente del Senado indica que quienes no participen en la elección del contralor acarreará una “multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses”.

El artículo 23 de esta ley también es citado por Barreras. Allí se menciona el incumplimiento de deberes, así como “la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad”, y en ese orden, el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 también se expone en la foto mostrada por el presidente de la cámara alta.

Dicho parágrafo expone las consecuencias de desacato a una orden de un juez, en este caso, la elección de la cabeza de la Contraloría. Señala que “incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales”.

Vale indicar que tanto Roy Barreras como David Racero —presidente de la Cámara de Representantes— indicaron que se debe rehacer el listado de 10 elegibles tras la renuncia a su aspiración de la candidata Karol González.

SEGUIR LEYENDO: