Procuraduría pide a la JEP espacio para mujeres excombatientes que sufrieron violencia sexual

Este jueves 4 de agosto, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibir a mujeres excombatientes del bloque 57 de la desmovilizada guerrilla de las FARC para que puedan comparecer de manera individual con el propósito de establecer la verdad sobre la violencia sexual de la que fueron víctimas en medio del conflicto armado.

El Ministerio Público le solicitó al despacho relator del macrocaso 04 del tribunal de paz, el cual prioriza la situación territorial de la región del Urabá a partir de los hechos del conflicto armado, adelantar diligencias individuales para que las firmantes del Acuerdo Final de Paz puedan declarar de manera “reservada, libre y espontánea” sobre su condición de víctimas de aborto, planificación forzada y prostitución cuando conformaban las filas del grupo armado ilegal.

“Esta solicitud se hizo tras analizar declaraciones recibidas por una excombatiente del mencionado frente y otras mujeres pertenecientes a diferentes estructuras, además de dos exjefes que dan cuenta de la ocurrencia de prácticas sistemáticas de abortos y planificación forzada dentro de las FARC”, señaló el órgano de control que ha venido denunciado prácticas como esclavitud sexual y cohabitación forzada en la desmovilizada guerrilla.

Asimismo, advirtió que las FARC se habían valido de los asesinatos selectivos y las masacres como una estrategia de control territorial y social, lo que causó el asesinato de miembros de las comunidades, presuntos informantes y funcionarios públicos que, según sus argumentos, incurrieron en conductas inmorales o en actos de corrupción.

De igual manera, sugirió que la responsabilidad en la práctica de secuestros y métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como el uso de minas antipersona, dinamita y cilindros bomba en ataques y tomas a poblaciones, como en el caso de Mitú, debían trasladarse a todos los exmiembros de esta guerrilla que firmó el acuerdo con el Estado colombiano hace cinco años.

“Entre las observaciones también se evidenció la responsabilidad que esa estructura tendrá que asumir por daños ambientales generados entre 1998 y 2000 por el taponamiento de río Jiguamiandó y otras fuentes hídricas para impedir el paso de otros actores armados hacia la región, que generaron serios daños colaterales a la comunidad al imposibilitar la comunicación fluvial para el ingreso de alimentos, medicinas y comercio”, indicó el Ministerio Público.

Por último, la Procuraduría evidenció, entre las declaraciones entregadas por los comparecientes, algunos elementos de contexto que contribuirían a esclarecer la verdad en el asesinato, desaparición y desplazamiento en contra de los miembros del partido político de izquierda de la Unión Patriótica en esta región al noroccidente de Colombia, por lo que se solicitó trasladar las versiones al despacho relator del macrocaso 06 que investiga la “victimización de los miembros de la UP”.

El pasado 8 de junio, la Comisión de la Verdad organizó un evento en Barranquilla en el que una excombatiente de las FARC, que permaneció durante varios años en el grupo subversivo, pidió perdón a nombre de las FARC a las mujeres víctimas de abuso sexual y políticas del Caribe; señaló que los más de 53 años de guerra solo han dejado “heridas y cicatrices”. También fue enfática al decir que la paz se debe construir entre todos y el Acuerdo de Paz solo es un papel firmado hace algunos años.

Luz Marina Giraldo Mora es una excombatiente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien ingresó al grupo armado cuando apenas tenía diez años y lo hizo acompañada por su hermano de 16, luego de que su padre fuera asesinado en el Meta y su madre fuera desplazada por la violencia. Años después, la mujer fue una de las firmantes del Acuerdo de Paz y creó la organización social ‘Sin Olvido’.

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