Presentan acusación formal en contra de Jorge Hernández, exrector de Unimetro

Por el desfalco de más de 30 mil millones del centro educativo, el acusado deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado

Guardar
Por el desfalco de más
Por el desfalco de más de 30 mil millones del centro educativo, el acusado deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado

El fiscal 90 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá presentó la acusación formal en contra del exasesor de rectoría de la Universidad Metropolitana de Barranquilla (Unimetro) Jorge Hernández Cassis, por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Hernández está acusado por su presunta participación en el desfalco de más de 30 mil millones de pesos al centro educativo. En el escrito de acusación, la Fiscalía asegura que Hernándes Cassis se hizo cómplice de Carlos Jaller Raad y su esposa, Ivonne Acosta, “con el fin de seguir defraudando patrimonialmente a la Universidad Metropolitana de Barranquilla”.

El ente acusador tiene en su poder 18 pruebas testimoniales, que se suman a otros nueve testimonios de la Policía Judicial y más de 110 pruebas documentales. Todo se ha venido recogiendo desde que inició la investigación en su contra al haber sido denunciado en noviembre de 2017.

Entre este material probatorio se encuentran actas ilegales que habrían violado los estatutos de la academia. Cabe recordar que el acusado había sido nombrado rector y representante legal de la Universidad por un Consejo Directivo favorable a Ivonne Acosta en 2016, pero el Ministerio de Educación no aceptó la designación debido a la presunta alteración de los documentos.

“Por medio de informaciones falsas suministradas al Ministerio de Educación Nacional, tuvo como propósito obtener un Acto Administrativo contrario a la ley por parte del órgano de inspección y vigilancia, en el cual se inscribiera al señor Hernández Cassis como rector y representante legal de la Universidad Metropolitana”, se lee en el escrito de acusación.

Otro hecho que destaca la Fiscalía es un convenio de 2014 con el que el entonces rector Jaller Raad le otorgó un contrato por 40 millones de pesos, que habría sido “prolongado hasta 2016 con el soterrado ánimo de defraudar patrimonialmente a la universidad”.

Jaller Raad y Acosta Acero también fueron denunciados por estos hechos, pero hoy están prófugos de la justicia. Las víctimas en este caso son el Ministerio de Educación y la Unimetro.

Cabe recordar que Hernández Cassis fue capturado el pasado 31 de mayo en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, cuando regresaba de Estados Unidos. Por este mismo caso, la Fiscalía ordenó en marzo de este año la captura de cuatro personas involucradas. Los otros tres son: Carlos Jaller, su esposa Ivonne Acosta, Manuel Raad Berrío y Dorina Tapia.

Ya son dos los detenidos por este caso, pues el pasado 2 de marzo, Raad Berrío se entregó a la justicia voluntariamente: “Con la frente en alto, hoy tomé la decisión de comparecer voluntariamente frente a las autoridades ante la noticia de una posible orden judicial en mi contra. Aquí estoy dispuesto aclarar toda duda que exista sobre mi actuar”, aseguró por medio de una carta.

En la misma comunicación, el exfuncionario de la universidad expresó que: “Aún no tengo claro de qué se me acusa, salvo que el asunto está relacionado con mi paso como asesor externo de la Unimetro institución a la que serví sin descanso cerca de dos años y en la que disputas entre sus entonces directivos dieron al traste con un franco y acelerado proceso de crecimiento y fortalecimiento en todos los frentes misionales (docencia, investigación, extensión, bienestar e internacionalización)”, precisó.

Según la Fiscalía, Raad Berrío se habría aliado con estas tres personas para falsificar documentos de la institución. Sin embargo, una jueza lo dejó en libertad luego de reprochar que el ente investigador no probó que pudiera obstruir la justicia.

Por otra parte, el pasado 25 de mayo un juez promiscuo municipal de Juan de Acosta (Atlántico) ordenó embargar las cuentas e inmuebles de Dorina Tapia. Entre el embargo se encuentran 13 inmuebles, cuentas bancarias y CDT’s por cerca de $13 mil millones a nombre de la acusada.

SEGUIR LEYENDO:

Guardar