Funcionario del Ministerio del Trabajo formaba parte de una red dedicada a falsificar diplomas

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción logró la judicialización de cuatro presuntos integrantes de un grupo delincuencial dedicado a la obtención ilícita de diplomas de bachiller y universitarios, libretas militares y otros documentos; además de intervenir ilegalmente en procesos de contratación pública.

En la investigación se estableció que, al parecer, cumplían diferentes roles ilícitos como ubicar posibles clientes, contactar trabajadores de centros educativos privados o públicos, y gestionar la modificación de bases de datos y registros para que fueran incluidos como egresados personas que nunca estuvieron inscritas ni asistieron a clases en los colegios o universidades que expedían los títulos.

De acuerdo con el material de prueba, la red delictiva, supuestamente, cobraba entre 8 a 26 millones de pesos por diplomas de prestigiosas instituciones en Bogotá y el Eje Cafetero. Por ese valor entregaban diploma, acta de grado, y certificaciones de estudios y de notas con promedios de 3.5 a 4.0.

La Fiscalía detecto múltiples eventos en todo el país. En uno de estos, la organización delincuencial consiguió diplomas de bachillerato y varias libretas militares falsas para los nietos de una adulta mayor. Asimismo, tramitó el título universitario de enfermería a una joven; y los de ingeniería industrial y trabajo social a un hombre. También se conoció que obtuvo una certificación para que una mujer ejerciera la homeopatía y superara los controles de las autoridades de salud.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los cuatro señalados integrantes de la red los delitos de concierto para delinquir y obtención de documento público falso. Adicionalmente, a Luz Marina Amaya Cruz le imputó el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Los cargos no fueron aceptados.

Por disposición de una juez de control de garantías, todos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.

Este no es el primer escándalo de falsificación de diplomas en el país, y mucho menos es la primera vez que funcionarios públicos se ven involucrados.

La Procuraduría Regional del Huila dejó en firme la destitución por 12 años a cargos públicos contra Óscar Hernando Motta Valencia, quien fue director de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la alcaldía de Neiva, en 2017, tras descubrir en su diploma de graduación dos errores que evidenciaron la falsedad de estos.

De acuerdo con lo informado por el medio local, La Nación, esta infracción por parte del alto funcionario fue dada a conocer por la denuncia que realizó Liliana Trujillo Uribe, secretaria general de la Alcaldía de Neiva, y por la encargada del proceso de selección, Rosa Fernanda Chacón, quienes indicaron que el diploma entregado por Motta tenía dos errores de ortografía, tema que desató la respectiva investigación.

“Unibersidad” y “Neiba”, fueron los errores por los que descubrieron diploma falso del exdirector de las Tics en Neiva. Durante el proceso disciplinario, autoridades competentes descubrieron que el funcionario entregó diplomas falsos en los que señalaba que era Ingeniero de sistemas, cuando solo tenía el grado de técnico

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