Defensoría evidenció que la cárcel de Tuluá aún no cuenta con medidas preventivas de emergencia

En la madrugada del 28 de junio, se registró un incendio en la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, que dejó un saldo de 57 personas muertas y más de 24 heridas, dos de las cuales aún permanecen en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Se le considera una de las mayores tragedias en los centros de reclusión de Colombia.

A más de un mes que se presentara esta conflagración, sobre la que se indaga una presunta responsabilidad por parte de los funcionarios que custodiaban a las personas privadas de la libertad, un equipo de la Defensoría del Pueblo adelantó una visita a este centro penitenciario ubicado al suroccidente de Colombia. El paso por esta prisión les dejó ver que aún “no se han tomado las medidas de prevención de emergencia luego del incendio”.

“Nuestro equipo de funcionarios de la delegada para la Política Criminal y Penitenciaria y de la Regional Valle del Cauca pudo evidenciar que todavía no se han tomado las medidas de prevención de emergencias para enfrentar una situación como la ocurrida el pasado 28 de junio”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien confirmó que cinco personas permanecen hospitalizadas.

La entidad evidenció que este centro carcelario cuenta con un hacinamiento del 24 % y los privados de la libertad no cuentan con acceso a condiciones dignas de salud. También replicaron lo dicho por los representantes de derechos humanos de los diferentes patios, quienes expresaron sus preocupaciones por los traslados que aún no se han realizado —debido a un brote de varicela en el patio diez— y por la terminación del servicio de farmacia desde el pasado lunes.

Asimismo, el equipo de la Defensoría encontró que el establecimiento no contaba con un cronograma de valoración médica intramural para las personas privadas de la libertad. A su vez, no se constató un seguimiento oportuno a los tratamientos médicos que requieren un seguimiento por parte de los especialistas.

“Durante la visita llamamos la atención a las autoridades, en cabeza de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), porque no se observa una red de prevención contra incendios al interior de este centro penitenciario”, indicó el defensor del Pueblo, quien expresó su preocupación debido a que este centro penitenciario registró una de las mayores tragedias carcelarias en el país y no se han tomado medidas para evitar un problema similar.

La entidad indicó que en esta cárcel se está implementando un plan piloto de descongestión carcelaria, en conformidad con lo establecido en el Decreto 1542 de 1997. La estrategia busca una atención priorizada y el trámite de beneficios jurídicos para las personas privadas de la libertad en calidad de condenadas al interior de este establecimiento.

“Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo insistimos en la necesidad de un trato digno y conforme a los derechos humanos para las personas sindicadas y condenadas que se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios del Valle del Cauca”, concluyó el defensor Camargo.

Según las autoridades, la razón detrás de este incendio fue un motín realizado en el pabellón ocho, cuyos internos quemaron sus colchones en forma de protesta. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación aún está indagando si el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) cumplió con las especificaciones técnicas que requieren los equipamientos de la prisión.

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