Corte Constitucional tendría definición sobre los terrenos baldíos en Colombia

En las manos de la Sala Plena de la Corte Constitucional estaría las manos la posibilidad que las tierras públicas puedan entregarse a favor de los campesinos de las diferentes zonas del territorio Nacional. La decisión no ha sido fácil dadas la complejidad del caso, que ha llevado más de dos años el estudio de este tema. La respuesta se configuraría con las propuestas que tiene el gobierno entrante de Gustavo Petro y su reforma agraria.

Y es que el problema de la Corte Constitucional no solo tiene que ver con la entrega de los terrenos baldíos que son del Estado, sino de los que aún están en manos privadas, es decir, de terceros. La ponencia sobre este tema está en manos del magistrado Antonio Lizarazo, quien tendría una serie de reglas con las que puede configurar una solución sobre estas tierras improductivas.

Para el magistrado estuvo mal la entrega de estos terrenos a a terceros bajo la figura llamada “prescripción de dominio”, en la que las personas podían pedir a un juez un segmento de tierra, bajo la premisa que debían demostrar el tiempo que han vivido en este sitio y -también- si han aprovechado el terreno a pesar que de no ser el propietario o tener un titulo del predio.

Lizarazo en la su ponencia enfatiza en que los jueces civiles, durante mucho tiempo, entregaron las tierras bajo la anterior premisa, pero la competencia era de la Agencia Nacional de Tierras. La última reforma agraria tenía como compromiso la entregarla de los predios al campesinado, pero ese requisito en reiteradas ocasiones no se cumplió.

De esta manera la entrega de los terrenos baldíos por parte de los jueces civiles- según diferentes organizaciones- se centró en terceros que no eran campesinos, ni tenían bajos ingresos. De aquí radica la responsabilidad de un tema tan sensible, porque no solo deberá proteger al campesinado sino enfrentar a los privados que durante años se han hecho con grandes extensiones de tierra en todo el territorio nacional.

La hoja de ruta de Lizarazo está compuesta de cinco puntos que -a grosso modo- pide que se le respeten los derechos a las personas que accedieron a un terreno baldío, siempre y cuando, se cumpliera con los requisitos, sin importar que un juez civil fuera el que tomara la decisión, a pesar de no tener la competencia.

Para el magistrado Lizarazo, quien debería ponerle la lupa a todos los requisitos y casos que se han dado entorno a los terrenos baldíos es la Agencia Nacional de Tierras. Las reglas él propone serán revisadas por la Sala Plena de la Corte Constitucional.

La propuesta de Lizarazo deja ver que la problemática de las tierras ya que la entrega de las mismas, a quien no se debe, ha sido muy grave, y no solo eso, sino sistemática. El magistrado tiene un borrador de sentencia que daría guía al Estado para que este solucione esta problemática sin que exista un riesgo de violación de los DD.HH.

Hoy, jueves 8 de agosto, la Corte Constitucional deberá deliberar sobre la ponencia de Lizarazo y decidir su pertinencia para solucionar el problema de las tierras en el país. De llegarse a aprobar en la Sala Plena, significaría que se estaría cumpliendo con uno de los acuerdos de Paz que se pactó con la extinta FARC en la Habana - Cuba. La sentencia sería el primer paso para un verdadero cambio en esta materia, algo que ha desatado durante muchos años conflictos y el alzamiento en armas de guerrillas en el territorio colombiano.

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