Unidad de Búsqueda entregó el cuerpo de una persona desaparecida en Caquetá hace 21 años

Anselmo Gallego Quintero, de 30 años, desapareció en 2001. Su cuerpo fue recuperado en 2022 en el corregimiento de Puerto Torres, municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá

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 María de Jesús Gallego
María de Jesús Gallego dejó de tener noticias de su hijo desde 2001, cuando hombres armados, al parecer integrantes de un grupo paramilitar, lo retuvieron, torturaron, asesinaron y posteriormente desaparecieron en el corregimiento de Puerto Torres, municipio Belén de los Andaquíes, Caquetá.

María de Jesús Gallego esperó 21 años para conocer el paradero de su hijo Anselmo asesinado y desaparecido, en el marco del conflicto armado en Colombia, cuando tenía 30 años de edad. Este miércoles 3 de agosto la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) le entregó dignamente el cuerpo de su hijo a la mujer de 73 años de edad.

Durante el acto de entrega del cuerpo, la familia de la víctima de desaparición forzada lo recordó como un hombre trabajador. María de Jesús Gallego dejó de tener noticias de su hijo desde 2001, cuando hombres armados, al parecer integrantes de un grupo paramilitar, lo retuvieron, torturaron, asesinaron y posteriormente desaparecieron en el corregimiento de Puerto Torres, municipio Belén de los Andaquíes, Caquetá.

El cuerpo de Anselmo fue recuperado en 2002 por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en una fosa común a campo abierto en el corregimiento de Puerto Torres. Ahí también se recuperaron 35 cuerpos más.

Anselmo Gallego Quintero, de 30 años, fue desaparecido en 2001 por hombres armados. Su cuerpo fue recuperado en 2002 por la Fiscalía en el corregimiento de Puerto Torres, municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá.

De acuerdo con la UBPD, su desaparición, sin embargo, solo fue documentada hasta mayo de 2019 por parte de las organizaciones de la sociedad civil Fundecos, Equitas y Cedat, con el respaldo de la Agencia de Cooperación Catalana y el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

Estas organizaciones sociales construyeron un informe que incluía una serie de relatos, cartografías y posibles puntos de disposición de cuerpos en el Magdalena caldense. En febrero de 2020 entregaron esta documentación al Sistema Integral para la Paz que ayudó a encontrar el cuerpo de las víctimas.

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Una vez recibida la información, la entidad nacida del Acuerdo Final de Paz desarrolló una toma de muestras biológicas a la señora María de Jesús, en el Puesto de Salud del corregimiento de San Diego, en el municipio de Samaná, Caldas, a 695 kilómetros de distancia del lugar de desaparición de su hijo, las cuales entregó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su procesamiento e ingreso en el Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos. Las pruebas confirmaron el parentesco entre madre e hijo.

“Esto para mí es una felicidad infinita. Yo no tengo tristeza, tengo una felicidad enorme porque cierro un ciclo. Valió la pena creer que era posible encontrar a mi hijo”, expresó María de Jesús durante la ceremonia de entrega digna del cuerpo de su hijo.

La Unidad de Búsqueda en su plan Regional del Magdalena Caldense aborda un universo inicial de 1.091 personas desaparecidas en los municipios de Samaná, Norcasia, Victoria y La Dorada, en el periodo de 1965 a 2014.

La desaparición solo fue documentada
La desaparición solo fue documentada hasta mayo de 2019 por parte de las organizaciones de la sociedad civil Fundecos, Equitas y Cedat, con el respaldo de la Agencia de Cooperación Catalana y el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

En desarrollo de este plan, en el presente año, la Unidad de Búsqueda ha realizado la entrega digna de cinco cuerpos de personas desaparecidas en acciones relacionadas con el conflicto armado.

Por otro lado, un informe presentado por la Universidad de Caldas ante la JEP dio cuenta de 187 desaparecidos en el Magdalena Caldense en 2018, año que registra el mayor número de casos, luego de la firma del Acuerdo de Paz. Según el trabajo, el 43% por ciento habría terminado en los ríos, el 39% en fosas clandestinas y el 15% en cementerios.

“Hay que dar con los responsables y adelantar una trazabilidad y seguimiento con el ente acusador y Medicina Legal sobre qué reportes arrojan estas necropsias (tipo de muerte, clase de arma, si son accidentales)”, se subraya en el trabajo presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

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