Algunos miembros del Partido Alianza Verde radicaron un proyecto de acto legislativo que propone acabar con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y crear en su lugar el Órgano Nacional Electoral (ONE). La propuesta es de carácter constitucional, por lo que reformaría el artículo 265 de la Carta Magna.
El senador Ariel Ávila es uno de los que lidera la iniciativa y junto a él, varios congresistas han señalado que el CNE tendría la mayoría de sus miembros con un origen partidista. A los legisladores les preocupa que sus decisiones no se hagan desde lo establecido en la ley, sino con determinaciones políticas. Además, criticaron que el ente electoral no tiene independencia presupuestal, pues depende de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El diario El Espectador conoció la iniciativa del partido Alianza Verde y manifestó cuáles serían los cambios entre ambas entidades. Al igual que el CNE, la ONE tendría nueve miembros; sin embargo, su elección y duración serían distintas. Los magistrados ostentarían el mismo cargo que un togado de las altas cortas, “esto implica que tendrían periodos de ocho años y las mismas inhabilidades”, explicó el medio de comunicación citado.
Con respecto a su elección, los magistrados serían escogidos por concurso de méritos, organizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. De esta forma, no habría cabida para que los miembros sean de origen partidista o tengan el apoyo de cualquier partido político. Aunque existe un parágrafo transitorio que le brinda la oportunidad a tres actuales integrantes del CNE de continuar en el ONE directamente —en caso que el proyecto se apruebe—.
Los requisitos para ser uno de los nueve miembros son exigentes. Según El Espectador, ninguna persona puede haber sido ministro, secretario, magistrado, haber ejercido cargos bajo el apoyo de un partido político o haber aspirado a un cargo de elección popular. Además, dentro del órgano electoral, se crearán seccionales departamentales “que estarán conformados por servidores públicos de carrera, que ingresarán también por concurso”, agregó el diario.
Las nuevas funciones de los magistrados
De acuerdo con El Espectador, el ONE tendría funciones diferentes a las del CNE: llevarían registros de los partidos políticos y sus miembros, tendrían un poder de control y sancionatorio frente a las impugnaciones de esos movimientos, y tiene la disposición para reglamentar su participación en medio de comunicación. Además, “el proyecto contempla que el ente electoral podrá suspender procesos electorales ante ‘motivos de orden público’, aunque esta es una decisión necesita las ¾ partes del tribunal electoral para tener validez”, aseguró el diario.
Con respecto a la Registraduría, habría una independencia de esta entidad, pues contaría con autonomía presupuestal. Asimismo, el ONE no elegiría al registrador general; esa labor pasaría a los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La única labor del nuevo órgano electoral sería la posesión del funcionario.
El medio de comunicación ya citado comentó que el proyecto busca prever que no vuelva a suceder el caos electoral que se vivió en las elecciones al Congreso de la República y así garantizar el ejercicio de participación política. La Registraduría reportó una diferencia de mil votos entre el preconteo y el escrutinio final.
Si bien esa situación mejoró para las dos vueltas presidenciales, la iniciativa radicada en el Legislativo contempla que el tribunal electoral pueda decidir sobre cualquier reclamo relacionado con los escrutinios. Por otro lado, el ONE “tendría el encargo de la designación de sus funcionarios públicos a nivel territorial”, expuso El Espectador, por lo que se modificaría el proceso de conteo y revisión de votos actual.
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