En el año 2006, la abogada Piedad Rocío Martínez Martínez se presentó a un concurso, con el que pretendía que se le asignara una notaría, tras un examen y demás pruebas, obtuvo un resultado que no le alcanzaba para que la nombraran en alguna de estas dependencias. Por esto, y tras un largo proceso conciliatorio, el año pasado, decidió desistir de una indemnización acordada tras un acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro. Pero decidió reversar su decisión y todo esto puede costarle unos 5 mil millones de pesos al Estado, ya que la mamá del actual ministro del interior, Daniel Palacios, ha llevado este caso a esta cartera e incluso al Consejo de Estado.
El tema, además de viejo es muy denso, ya que está involucrando distintas instancias judiciales, pero todo se fundamenta en el artículo 113 de la Constitución Política, donde se explica cómo es que se hace el nombramiento de los notarios:
“Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías, con destino a la administración de justicia” y delimita explícitamente: “El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso”.
Teniendo esto claro, el gobierno nacional es la entidad que organiza y ejecuta este tema, en los últimos días está realizando los nombramientos de las notarías que están vacantes, personas que salen de una lista de elegibles, a partir del concurso anteriormente reseñado.
Precisamente esto es lo que está ‘peleando’ Piedad Martínez, que la suban en el puesto de ese listado, con lo que podría acceder a una de las notarías vacantes, como la 24 de Bogotá, que estaba a cargo de Ángela María Uribe Escobar, hermana de Jorge Humberto de Jesús Uribe Escobar, quien falleciera el año pasado, mientras ocupaba este puesto, como lo había hecho los 13 desde el 2008.
Los Uribe Escobar son hermanos de Mario Uribe, exsenador condenado por el escándalo de la parapolítica, y que además son primos del expresidente Álvaro Uribe Vélez; pues como esta notaría está vacante, y es precisamente la que estaría buscando la mamá del ministro del Interior, Daniel Palacios.
Pero, en caso de que logre llegar a esta dependencia, significaría que el Estado habría cometido un error en la elaboración de la lista de elegibles, de hecho, Piedad Martínez ha logrado fallos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenan que ella debería estar en el puesto 10 y no en el 88 de ese ranking.
No obstante, la sentencia le ordenó una multimillonaria indemnización, además que debían nombrarla en una notaría, pero, ella voluntariamente había desistido de ese dinero, con el fin de descongestionar el aparato judicial.
“Sobre la parte indemnizatoria manifiesto de manera expresa y voluntaria, como acto de liberalidad económica, que renuncio a la totalidad del efecto patrimonial que se desprende de esta sentencia. Es decir, declino cualquier pretensión económica sobre la indemnización patrimonial actualmente decretada”, señaló en su solicitud, filtrada por El Tiempo.
Pero, hace unos días decidió reversar su decisión, por lo que de ser así el Estado tendrá que pagarle entre 3 mil y 5 mil millones de pesos. La demanda está dirigida no solo contra la Superintendencia de Notariado y Registro, también ante el Ministerio del Interior y el de Justicia.
En el alegato, Martínez dice que la prueba tenía fallas, pues algunas preguntas tenían respuestas que no tenían validez, y otras tenían más de una respuesta.
Cómo reseña El Tiempo, la apoderada de Piedad Martínez aseguró que el valor de la indemnización saldrá del cálculo, promedio, de los ingresos durante 2 años en una notaría de Bogotá. Por lo que, según el fallo del tribunal, además de nombrarla, tendrán que pagar por este ‘error’, pues la decisión se encuentra en firme.
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