Gustavo Bolívar quiere quitarle los escoltas a funcionarios de Iván Duque al terminar su presidencia, con una acción de nulidad

El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que adelantó una acción de nulidad con el fin de quitar los esquemas de seguridad a los funcionarios del presidente saliente, Iván Duque.

“Como lo anuncié, hoy hemos interpuesto dos acciones de nulidad contra el presidente Duque, que pretenden entregarles esquemas vitalicios de seguridad, costosísimos para el Estado, a un grupo de amigos que lo acompañaron durante la Presidencia, y que no tienen los criterios para estar en el Consejo Nacional de Seguridad”, dijo el parlamentario a través de su cuenta oficial de Twitter.

Gustavo Bolívar también enfatizó: “este es uno de los decretos que expide el presidente, y por el cual modifica la composición de ese consejo, en personas que sí necesitaran ese esquema, pues habrían sido incluidas hace cuatro años. No, lo hace un mes antes de abandonar la Presidencia para gastar más el erario de Colombia, para meternos más gastos vitalicios”.

“Además, el congresista del Pacto Histórico comentó el costó de una camioneta con dos escoltas para el Estado: “Un esquema de seguridad barato, de un carro con dos personas nos puede costar $30 millones, y él está dejando esquema al minInterior, Daniel Palacios, al consejero presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín, e inclusive al minDefensa, Diego Molano, al director del DAPRE y a la jefe de Gabinete, María Paula Correa”.

Bolívar compartió el documento en el que trata de frenar -según él- el esquema de seguridad para estos cinco funcionarios una vez termine el periodo presidencial de Iván Duque Márquez.

“El fundamento jurídico de la pretensión contenida en la presente acción está direccionada a la declaración de nulidad del Decreto 1064 del 24 de junio de 2022 y del Decreto 1033 del 18 de junio de 2002, toda vez que se configura una falsa motivación del acto administrativo expedido por las autoridades al otorgar estos beneficios, ya que no se plantea un análisis del riesgo en la seguridad de dichos funcionarios y en ninguno de los dos decretos se hace una debida motivación sobre las razones que justifican la designación de estos beneficios, teniendo en cuenta además que antes de la expedición de este decreto se establecía que los funcionarios que integran el Consejo de Seguridad Nacional tenían acceso a dichos esquemas únicamente por un año”, dice un aparte del documento.

La UND semanas atrás afirmaba que no existen medidas de protección vitalicias para funcionarios públicos, para sustentar esta afirmación. La entidad mencionó en decreto 1066 de 2015, que dice que las poblaciones que son objeto de evaluación para brindar la protección necesaria para garantizar la vida.

“Hoy son más de 37 las poblaciones susceptibles de solicitar una evaluación de riesgo ante las instancias correspondientes”, dijo la UNP en su momento.

La Unidad de Protección Nacional afirmó que ser objeto de protección no implica ser beneficiario de medidas de protección, porque quien debe estudiar en nivel de peligro es el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM).

“A las poblaciones existentes se adicionan quienes hayan sido miembros del Consejo de Seguridad Nacional en razón a la información y decisiones que en esta instancia se toman. Esto no implica ni medidas automáticas ni permanentes. Implica la posibilidad de someterse al proceso de evaluación, como las otras 37 poblaciones objeto de protección de la UNP. En caso tal de proceder, serán revalidadas de manera periódica, tal como lo establece la norma”, dijo la entidad.

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