Evasor de impuestos condenado fue nombrado contralor de Guainía: piden a Procuraduría investigar a diputados

Una demanda fue instaurada ante la Procuraduría General de la Nación contra el grupo de diputados del departamento de Guainía, en el oriente de Colombia, que eligió como contralor de ese ente territorial a Jhon Jairo Escobar, ciudadano condenado a prisión en agosto de 2012 por no pagar impuestos por retención a la fuente.

En 2004, Escobar fue representante legal de la empresa Administración Cooperativa de Proyectos Técnicos Gerenciales Proteger AC, una empresa privada dedicada a proyectos de infraestructura en el oriente colombiano que ha enfrentado varios procesos judiciales por asuntos relacionados con el incumplimiento de contratos.

Según el fallo en su contra, mientras desempeñó ese cargo “no cumplió con la obligación de consignar $ 217′850.000 a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por concepto de los impuestos recaudados de retención en la fuente durante los períodos 10, 11 y 12 de 2004″.

El Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá lo condenó a tres años de cárcel por el delito de omisión de agente retenedor o recaudador. También quedó inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo tiempo y le impusieron una multa de 608,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Escobar intentó zafarse de todas estas sanciones con apelaciones ante el Tribunal Superior de Bogotá y hasta la Corte Suprema de Justicia, pero el fallo quedó en firme en ambas instancias. De todas maneras no tuvo que ir a prisión porque le concedieron la suspensión condicional de la ejecución de la pena: al ser una condena menor de cuatro años por un delito de evasión fiscal, el Código Penal lo considera excarcelable.

Diez años después de este incidente, el 13 de enero de 2022, la Asamblea Departamental de Guainía tomó la decisión de elegir a Jhon Jairo Escobar como contralor delegado en el periodo 2022-2025 para el departamento de aproximadamente 50 mil habitantes. La dicha fue poca, ya que Aura Luz Vargas Guio, abogada especialista en derechos humanos, impugnó la elección ante el Tribunal Administrativo del Meta.

Para colmo, según el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia —que la demandante también citó—, las personas que hayan sido condenadas en cualquier momento por haber cometido un delito contra el patrimonio del Estado “no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado”.

Estos argumentos fueron suficientes para que, en marzo de 2022, el tribunal metense anulara en primera instancia la elección de Jhon Jairo Escobar como contralor, ya que evidentemente estaba inhabilitado. Un nuevo fallo del 30 de junio dejó en firme esa nulidad.

No obstante, la elección de este contralor inhabilitado deja nuevas preguntas. Si bien las personas no van por la vida confesando sus delitos en su hoja de vida, era responsabilidad de los miembros de la Asamblea consultar los antecedentes judiciales de los candidatos para ese cargo, puesto que sus requisitos legales son claros. Una simple consulta por internet habría expuesto a Escobar antes de que fuera nombrado.

Entonces, hay dos hipótesis: los diputados ignoraban los requisitos o decidieron pasarlos por alto con algún interés ilegal, teniendo en cuenta el pasado de Escobar como contratista. Entonces, se instauró una demanda ante el Ministerio Público para que se anime a investigar cuál de las dos opciones llevó a la elección del contralor inhabilitado.

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