El presidente electo Gustavo Petro y la comisión de empalme hicieron oficial el reporte que reiteraba la aplicación de una de las políticas más polémicas de los últimos años, la liberación de los presos de la primera línea. En el documento se expresa que durante el nuevo gobierno se intentará que aquellas personas detenidas y judicializadas dentro del marco de las protestas sociales entre 2019 y 2021, sean liberadas.
Según mencionó la senadora María José Pizarro en conversación con Blu Radio, el objetivo de esta propuesta es crear mecanismos de observación y cumplimiento a las garantías constitucionales de líderes que fueron detenidos de manera injusta. Además, aclaró que no serán ellos quienes tomen decisiones que están a cargo de la justicia, sino que únicamente querrán estudiar a profundidad los procesos jurídicos que tienen a aquellas personas en prisión.
Sin embargo, a esta propuesta rápidamente le surgieron sus críticos. Dentro de este grupo se encuentra el presidente de la República, Iván Duque, quien afirmó que en esta situación no tiene nada que ver el hecho de que estas personas encarceladas sean jóvenes, sino que hacen parte de una estructura delincuencial:
“Yo no entiendo por qué estamos tratando como de segmentar la conversación, es que no es un tema de jóvenes y primera línea. No tienen nada que ver que sean jóvenes; la primera línea es una estructura, una organización”
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Además, expresó que las razones por las cuales todas estas personas están tras las rejas son por haber cometido delitos que están contemplados bajo el código penal, por lo que no se les puede liberal así de fácil:
“Aquí se han proferido con capturas a quienes han cometido delitos, incendiar el transporte público, dañar infraestructura, quemar palacios de justicia, quemar centros de atención de la Fiscalía, quemar establecimientos de comercio, destruirlos y vandalizarlos son delitos”
Finalmente, cerró sus declaraciones afirmando que es inconcebible el hecho de ‘premiar’ a aquellos que con evidencia contundente fueron judicializados bajo los procesos ordinarios:
“Han pasado también por jueces de control de garantías que han encontrado evidencia contundente. No le podemos decir a la sociedad que el que destruye y vandaliza lo premiamos porque entonces qué mensaje le estamos dando en nuestros hijos y el resto la sociedad el que comete un delito tiene que pagar”
Estas declaraciones se le suman también a la negativa del ministro de Defensa, Diego Molano, quien aseguró que las más de 300 capturas que se hicieron durante los periodos de protesta fueron por cometer delitos como el terrorismo y recordó que aquellas detenciones se dieron bajo una orden judicial, lo que indica que hubo un proceso de inteligencia anterior para justamente evitar las ‘injusticias’ de las cuales la bancada del gobierno de Gustavo Petro está denunciando.
Hasta el momento la Fiscalía General de la Nación lleva 33 casos contra 160 personas procesadas por pertenecer a la primera línea. Además, según el ente investigador, se le han imputado cargos a 147 personas y se han presentado 94 escritos de acusación. Dentro de los procesados de la Primera Línea están las personas que habrían saqueado comercios, mataron policías en el Valle, torturaron a civiles y quemaron buses de transporte público.
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