Este miércoles 3 de agosto, la Contraloría de Bogotá realizó una visita fiscal a la planta de tratamiento de aguas residuales Ptar Salitre, que tiene el propósito de descontaminar el río de la capital. En diciembre de 2021, la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recibió parcialmente el proyecto y se tiene previsto que la parte final la entreguen los contratistas en septiembre; sin embargo, el Ministerio Público consideró que eso no será posible.
“Creemos que en esta fecha no se va a entregar la totalidad de la obra, no hay una posibilidad física o material de hacerlo”, explicó Julián Ruiz, contralor de Bogotá. Para el funcionario, el contrato debe tener una prórroga, que debe ser acordada por ambas partes.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ya había manifestado que la Ptar Salitre no se encuentra en condiciones para operar y que la descontaminación del río Bogotá está “en riesgo”. La mandataria local le exigió al consorcio constructor que entregue la obra “sin deficiencias en su operación, conforme a lo contratado”. Desde 2021, la EAAB también ha señalado que la planta no está lista para operar.
De hecho, la Procuraduría General de la Nación también realizó una visita previa y manifestó que el estado de la maquinaria presentaba averías. Por esa razón, la Contraloría está ejerciendo un control fiscal para determinar si esas fallas se deben a su funcionamiento normal o a errores del contratista al momento de su instalación.
Esa visita también tiene el objetivo de detectar tempranamente riesgos. Cuando el proyecto sea recibido completamente por la EAAB, se puede establecer “futuras responsabilidades en caso de que la EAAB deba realizar gastos que no se encuentren justificados o que hayan debido ser asumidos por el contratista de la CAR Cundinamarca”, explicó la Contraloría en un comunicado de prensa.
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Lo encontrado por la Contraloría
La visita de la entidad fue ordenada dentro de una auditoría conjunta de las Contralorías General de la República (CGR) y de Bogotá D.C., que están haciendo el control fiscal de las inversiones de la nación y el distrito en el mega proyecto de la descontaminación del Río Bogotá.
La entidad aclaró que a la EAAB —que funciona con recursos del distrito— no le corresponde la fiscalización del contrato 803 de 2016, que establece la obra. El plan de trabajo de acción conjunta se estableció entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Consorcio Expansión Ptar Salitre (CEPS).
Con el fin de esclarecer el estado de las maquinarias y sus condiciones de funcionamiento, Julián Ruiz le pidió a la EAAB y a la CAR informar sobre el estado técnico, el funcionamiento y las garantías de todo el componente y la maquinaria que debería recibir en el mes de septiembre.
“En caso de inversiones dobles o adicionales injustificadas por parte del Acueducto por una mala ejecución contractual del Consorcio, no dudaremos en sancionar a las firmas que integran el Consorcio para proteger el patrimonio de los bogotanos”, dijo el funcionario.
Por su parte, el delegado del Medio Ambiente de la Contraloría General de la República, Gabriel Jurado, aseguró que le preocupa que la situación de conflictividad contractual entre la CAR, el Acueducto y el consorcio CEPS, lleve a la paralización de la planta. “Sería nefasto para el Río Bogotá y se constituiría en una grave amenaza ambiental”, agregó.
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