En 2002, cuando Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia de Colombia, implementó los “bonos de paz”, un impuesto con el que se financiaría el aumento del pie de fuerza y la compra de equipos aéreos, fluviales, terrestres y de inteligencia militar para así mejorar la seguridad ciudadana. Se pretendía que el pago de la cuota se garantizara la integridad de los ciudadanos, pero hoy, 20 años después, víctimas del conflicto aseguran que el propósito nunca se vio reflejado y lo implementado por el expresidente en vez de beneficiarlos, les generó más problemas.
En medio de una audiencia de contrastación de testimonios desarrollada este 3 de agosto por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Héctor Cajicá contó su historia. Él fue secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) a pesar de haber pagado los “bonos de paz”. Después, una vez fue liberado, el gobierno Uribe le cobró otros bonos que tenía pendiente, y como había estado retenido ilegalmente, sin dinero, le tocó vender sus propiedades.
“La tan llamada seguridad democrática que montó del expresidente Uribe a mí me cayó. En esa época, afortunadamente estaba bien, para vivir bien. Y ahí me tocaron los bonos de paz, o bonos de guerra. Cuando me secuestraron había pagado dos bonos, y cuando salí me tocó pagar otros dos. Me tocó pedir plata prestada y vender mi casa para poder pagar ese bono de guerra. Al momento el gobierno no dice nada de eso”, contó Cajicá.
Por su parte, Ramiro Charry, a quien las Farc le secuestró a sus dos padres cundo él todavía era pequeño, recordó que el Estado casi embarga a su familia por no pagar los bonos. El pago no se hizo porque tanto su papá como su mamá estaban en la selva, y él estaba con sus hermanos menores en casa y no estaba en edad de responder por un trámite de este tipo.
“La Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) embargándonos por no pagar los bonos de paz. El mismo Estado embargándonos. Hágame el favor… Uno tenía que pagar por los bonos de paz -o de guerra- de los años en los cuales uno estuvo secuestrado”, denunció Charry.
Por esto, Cajicá aseguró que discute con conocidos que defienden al expresidente Uribe. “Tienen a Uribe aquí, así, alzado, y ese fue el que se inventó los bonos de guerra, de paz”, denunció.
Al conocer esta información, la magistrada Julieta Lemaitre, de la Sala de Reconocimiento del tribunal, está presidiendo estas sesiones de contrastación de información, aseguró no haber oído un caso igual. También aprovechó para pedir perdón a nombre del Estado por el abuso.
“Esto no lo había odio. He oído mucha cosa pero esto no. Y son los dos, así que debe haber muchos más casos como el suyo. (...) Lo siento mucho, en la medida en la que tengo la toga del Estado, pido excusas”, dijo Lemaitre.
La magistrada también recordó el caso de una víctima a la que se le negó el pago de su pensión porque le faltaron unas semanas por cotizar, justo las que estuvo secuestrada. Señaló que hay muchas cosas como este, en el que el Estado, en vez de ser un garante y defensor de derechos, se convierte en “una carga”.
Cabe mencionar que estas declaraciones se entregan dentro del proceso de escucha y contrastación del macrocaso 01 que lleva la JEP. En estas audiencias con víctimas, y en las otras con victimarios, se pretende reunir la información para consolidar el auto de Determinación de Hechos y Conductas de este proceso.
Serán al menos 30 víctimas las que contrastarán sus versiones con las entregadas por exFarc. Por el momento las víctimas que han sido escuchadas por Lemaitre coinciden en que necesitan garantías de verdad y no repetición. Además, exponen la necesidad de que el estado se encargue de ellos y los repare económicamente para así garantizar una vida digna.
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