Sigue la polémica por el Canal del Dique, comunidades de Bolívar protestaron en contra de la adjudicación de la APP

Este jueves 4 de agosto, en medio de la polémica que existe alrededor de la obra del Canal del Dique, se realizaría la adjudicación y contratación de su APP (modalidad de asociación público-privada). Las comunidades residentes de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre han estado manifestando su inconformidad con la implementación de este acuerdo, por lo que han ejecutado plantones para alzar sus voces contra ello. En horas recientes, habitantes de Soplaviento, Gambote y Calamar, en Bolívar, bloquearon las vías y aseguraron que, hasta el momento, no han sido consultados ni han sido partícipes del debate.

“Estamos ejerciendo este derecho, el de la movilización social, a raíz de que Martha Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República, única dueña y propietaria de este proyecto; tuvo tiempo para presentarlo en foros, para pasear por todo el canal, presentárselo a la comunidad internacional, pero no garantizó el derecho a la participación ambiental de más de 50 comunidades, fueron excluidas de esa participación, ninguna entidad territorial, ni corporación autónoma, ni ministerio público conoce este proyecto”, comentó Adil Meléndez, abogado y vocero de la comunidad en testimonios recogidos por RCN Radio.

“En mesas socioambientales que realizamos logramos empoderar a todas las comunidades en octubre del año pasado, en esta se determinó que este proyecto no lo conocía nadie, excluyeron los derechos de consulta previa, compraron a algunas comunidades y líderes en los procesos de consulta y evitaron el licenciamiento ambiental”, añadió en su diálogo con esa emisora.

Los manifestantes exigen garantías y respuestas acerca de este proyecto que, según ellos, los afectaría directamente. La financiación de esta obra, según las autoridades encargadas, supera los $3.5 billones. “No podemos aceptar el capricho del gobierno que lidera el presidente Duque, por dejar un contrato que aún genera muchas dudas para las comunidades ubicadas en el área de influencia. Tenemos que seguir concertando temas, aquí no hay prisa porque se trata de una iniciativa que representa para nosotros un cambio; pero necesitamos que sea para bien”, expresó Luis Berdugo, manifestante de Calamar, en testimonios expuestos por Caracol Radio.

De acuerdo con lo que reclama Adil Meléndez, la oposición, entre otras cosas, surge por la falta de protocolos en su realización, teniendo en cuenta que en ese espacio hay miles de cadáveres que está allí de personas que fueron víctimas del conflicto armado colombiano. “Hablo con los excomandantes que actuaron aquí, he conversado con cientos de víctimas y no hay un protocolo de exhumación y hay una medida cautelar adelantada por la Junta del Cimarronaje, ante esas falencias de corrupción de violencia e incumplimiento de los principios de consulta previa, la exclusión de las comunidades de la participación ambiental, la corrupción del proyecto y el desconocimiento que se tiene de esta megaobra”, puntualizó al hablar del descontento de la población.

Es de recordar que, en medio del amplio debate, la saliente vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, aseguró que no tiene intereses en la adjudicación de esta obra, luego de que la designada ministra de Ambiente del gobierno de Gustavo Petro la acusara de ello.

“Nunca en mi vida he tenido un interés particular en ese proyecto, ni soy dueña de tierras o propiedades beneficiarias de dicha obra, como tampoco mi esposo ni mi familia. Mi único objetivo ha sido mejorar la calidad de vida de los pobladores de 20 municipios. Es urgente, además, frenar las consecuencias ambientales, proteger la Bahía de Cartagena y el coral afectado por la sedimentación”, aseguró la funcionaria.

En medio de sus intervenciones destacó que este proyecto se viene discutiendo desde hace varios años y que, inicialmente, fue priorizado por la administración del expresidente del país, Juan Manuel Santos. Explicó que fue retomado por el actual jefe de Estado, Iván Duque, según ella, por la reiteradas solicitudes de la población para su realización.

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