Ya son tan solo días los que le quedan a Iván Duque para salir de su cargo como presidente de Colombia, sin embargo, desde hace semanas se han venido cuestionando algunas de las acciones que ha adelantado de manera apresurada. Tal y como se denuncia, tan solo en el mes de julio, el mandatario saliente firmó diez decretos en los que deja en claro designaciones de cargos en notarías de todo el país. Dentro de las personas que se encuentran en la lista están Carlos Humberto Ibáñez Rodríguez; Héctor Guillermo Laverde Castillo; Rafael Guarín y Guillermo Enrique Escolar Flórez.
Ibáñez Rodríguez, político de la ciudad de Cúcuta del Partido Verde, fue asignado, en interinidad, dentro de la notaría de Puerto Colombia, Atlántico. Héctor Guillermo Laverde Castillo, por su parte, estaba en la notaría 78 de Madrid, en donde enfrentó el escándalo por la compra de equipamiento médico para el personal de la notaría para los días de la pandemia de coronavirus, justo cuando estos insumos estaban en escasez.
Rafael Guarín, el exconsejero de Seguridad del presidente Duque, por el otro lado, llega a la Notaría 64 del círculo notarial de Bogotá. Guillermo Enrique Escolar Flórez, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, así mismo, entra a la Notaría 32 de Bogotá.
Estas designaciones se suman a otras escandalosas decisiones que hizo el saliente presidente, en tiempo récord. Fue a finales de junio, por ejemplo, cuando salió a relucir la cantidad de dinero que se había destinado, por parte de la administración de Duque, para la compra de carros blindados y diferentes insumos para el uso privativo de las fuerzas armadas del país. Se habló de más de 50 mil millones de pesos que, además, eran pertenecientes a los recursos del Fondo de Paz.
“Duque está dejando listo todo para un buen retiro y dificultar al máximo el trabajo inicial del gobierno de Petro: escoltas y vehículos blindados, contratos y nombramientos para los amigos, instituciones controladas con gente de su círculo próximo. Hasta su retiro es indigno”, comentó en su cuenta de Twitter el senador Iván Cepeda. Además de recursos económicos, aseguran los denunciantes, estaría dejando sentados nombres de funcionarios para el futuro, por ejemplo, lo que ocurre ahora con las Notarías del país.
En junio, por ejemplo, firmo dos decretos con los que dejó establecida la seguridad de Daniel Palacios; Víctor Muñoz y María Paula Correa. Con la firma del decreto, por ejemplo, dejó plantada la ida de que los exservidores públicos que hayan pertenecido al Consejo de Seguridad Nacional son consideradas personas de riesgo extraordinario o extremo, por lo que deben, según él, gozar de esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección.
Otro ejemplo de movidas que han hecho que Duque se encuentre en medio de las críticas ha sido la posible designación de Andrés Barreto, actual superintendente de Industria y Comercio, como un nuevo integrante de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Es de conocimiento que ambos son buenos amigos.
“Un abuso por parte del ministro Diego Mesa el querer nombrar con afán y a pocos días de terminar este gobierno a tres nuevos comisionados de la CREG para intentar torpedear a la administración entrante en un área estratégica como la regulación del sector energético y gasífero”, escribió Angélica Lozano, congresista del partido Alianza Verde.
“Ya de salida no solo pretenden atornillar a sus fichas saltándose procesos que le corresponden al nuevo Ejecutivo sino que quedan dudas sobre su idoneidad, como es el caso de Andrés Barreto, amigo personal del gobierno. ¡Esto no se puede permitir!”, añadió la política en su cuenta de Twitter.
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