Equipo de empalme del gobierno Petro reconoce la crítica situación de derechos para la comunidad LGBT+ en Colombia

Uno de los temas principales discutidos en el balance del empalme entre el gobierno saliente de Iván Duque con el entrante de Gustavo Petro, fue la violencia en todas sus formas, desde la cometida contra líderes, lideresas sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes de las Farc y campesinos, hasta integrantes de la comunidad LGBT+. Sobre esta última población hay especial preocupación en el equipo del gabinete del presidente electo y así lo manifestaron durante el lunes 1 de agosto en medio de la entrega de resultados.

En medio del evento, el grupo de empalme encargado del Ministerio del Interior reconoció públicamente que hay una crisis en materia del cumplimiento los derechos para esta población. Al respecto, se tuvo en cuenta la jurisprudencia existente, como la sentencia T-314 de 2011 proferida por la Corte Constitucional, en la que se pide al Ministerio del Interior construir una política pública para esta comunidad.

Asimismo, fue mencionado el decreto 1138 del 23 de septiembre de 2021 que modifica el 2137 de 2018 por el cual se crea la Comisión del Plan de Acción Oportuna —PAO— para defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. El panorama no es alentador, pues según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre 2021 y lo corrido de 2022 se han sido registrados 248 casos de violencia contra personas LGBT+ en todo el país.

De estos, 132 fueron contra personas trans, 37 contra mujeres lesbianas, 14 hacia mujeres bisexuales, un caso de violencia contra una persona intersexual y 61 contra hombres gais.

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Vale indicar que tanto Petro como Francia Márquez han planteado, desde la campaña presidencial, reforzar las políticas públicas de género para reducir los casos de violencia contra la comunidad; y si bien ya existe la Ley 1448 de 2011 (de Víctimas y Restitución de Tierras), que cuenta con un enfoque de género, no es suficiente. Por ello, el gobierno entrante empezará con el despliegue “de un plan de choque para el desarrollo y la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres”.

Además, el programa de Gobierno establece la garantía de derechos a la diversidad de género y orientación sexual “de la población de Lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer y otros” a través de un enfoque intercultural y generacional para, al mismo tiempo, combatir el estigma existente sobre esta población enfrentando todas las formas de violencia.

Sumado a eso, y teniendo en cuenta la violencia registrada solo en un año, el equipo de empalme del gobierno entrante emitió varias recomendaciones no solo contra esta población, sino para mitigar la violencia en los territorios.

La primera es implementar de manera efectiva el Acuerdo Final de Paz —que cuenta con un enfoque especial de género, dándole prioridad a mujeres y la comunidad LGBT+— y de igual manera “agenciar recursos financieros para la política pública LGBTIQ+ así como para el desarrollo de las funciones del Ministerio (del Interior) y sus dependencias en materia de promoción, protección y restitución de derechos” de esta población.

Otras sugerencias planteadas en la reunión que se llevó a cabo en el Hotel Tequendama de Bogotá fueron robustecer el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, gestionar la implementación del Observatorio de derechos humanos y construcción de paz, y generar acompañamiento a la hora de impulsar el Acto Legislativo que reconozca al campesinado como sujeto de derechos y especial protección constitucional, entre otros.

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