Susana Muhamad alerta que Marta Lucía Ramírez tendría intereses en la APP del Canal del Dique

La ministra designada de Ambiente, Susan Muhamad, pidió la suspensión de la licitación del Canal del Dique y denunció que la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, tendría intereses particulares en el proyecto. Militantes de la Colombia Humana en el Atlántico sumaron sus voces de rechazo.

“Hay un tema grave que vimos en el empalme y es que en nuestro criterio ese proyecto (el del Canal del Dique) necesitaba licenciamiento ambiental o instrumento de manejo ambiental. Se han inventado un instrumento que no existe en la norma para justificar la APP y acelerar su trámite, cosa que este gobierno la pueda adjudicar y además, de forma muy interesante, no en cabeza de los ministros sino en cabeza de la vicepresidenta. Vamos a ver qué dejan en este contrato”, indicó Muhamad en medio de la cumbre del Pacto Histórico en Santa Marta.

“Es una vergüenza que se hayan pasado por encima los instrumentos ambientales, que hayan forzado un instrumento que no existe en la norma para justificar que sí hay un instrumento ambiental”, manifestó Muhamad, refiriéndose a que la estructura del proyecto no contempla una licencia ambiental y, en cambio, tiene un plan de manejo hidrosedimentológico. También calificó de “vergüenza que adjudique esto el 6 de agosto”, añadió la ministra.

Denunció que existe una serie de quejas por parte de las comunidades adyacentes al canal que no han recibido respuesta y que además no tienen claro cuáles serán los beneficios de la obra.

“Creo que el gobierno, conjuntamente, tiene que trabajar en la concertación social con los territorios de los mega proyectos y lograr acuerdos para que la gente sienta que eso va a beneficiarlos. Si sentimos que hay irregularidades que tendremos que ver cuando lleguemos al gobierno. Y entiendo que solo hay un licitante para un proyecto de casi 3,1 billones. Tampoco es lo más transparente un proceso donde solo se presenta uno, entonces es un proceso complejo. Hemos solicitado en el empalme que se frenara, pero el gobierno decide continuar a pesar de todas las quejas y los cuestionamientos que tiene”, concluyó la designada ministra.

Cabe recordar que en el proceso de licitación entraron cuatro firmas interesadas: tres españolas y una china. Pero, al final, solamente la empresa SACYR hizo una oferta.

Organizaciones por la defensa del Canal del Dique, en compañía de la ONG VisoMutop, han estado denunciando en el Congreso los riesgos de que se adjudique el contrato. Por eso, tanto en el Senado como en la Cámara ya hay agendados debates de control político.

65 congresistas del Pacto Histórico firmaron un documento de rechazo en el que indican que un proyecto “hecho a las carreras” no puede licitarse, teniendo en cuenta que los recursos que se necesitan suman más de 3 billones de pesos. Además, citaron a un debate de control político al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Juan Felipe Gutiérrez.

En el documento firmado, los congresistas indican que “la Agencia Nacional de Infraestructura, promotora del megaproyecto ruta Fluvial 5 G, restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, incumplió la obligación de presentar, socializar y garantizar la participación ambiental de las comunidades y autoridades territoriales; incumplió con la obligación de adelantar el trámite de licencia ambiental; incumplió los principios rectores de la consulta previa, libre e informada, en aquellas comunidades priorizadas por la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior”.

Además, a las voces en contra del proyecto se sumó la del comisionado de la verdad, Leyner Palacios, que manifestó sus preocupaciones alrededor del proyecto: Alertamos sobre el grave riesgo de violación de los derechos de las víctimas de desaparición forzada en el Canal del Dique, y de sus familias, si se lleva a cabo el proyecto de restauración del Canal a partir del 4 de agosto, sin que exista una ruta de exhumación de los cuerpos”, escribió en su cuenta de Twitter.

De todas formas, la licitación del Canal del Dique sigue en pie y sería adjudicado el próximo jueves, a pesar de las insistencias del gobierno entrante por la presentación de un único oferente, la falta de licencias ambientales, la ausencia de socialización con comunidades ribereñas y los presuntos intereses de la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez.

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