La Fiscalía General de la Nación acusó a una empresa de abusar de unos títulos mineros que le concedió la Agencia Nacional de Minería (ANM) para extraer una cantidad excesiva de arena, piedra y gravilla en la vereda Brisas del Guayuriba, ubicada sobre la vía que comunica a la ciudad de Villavicencio con el municipio de Acacías, en el Meta.
Un grupo empresarial le pidió permiso a la ANM para obtener material de arrastre. También se acercaron a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), que les concedió las licencias ambientales para adelantar esta actividad. Recibieron dos títulos mineros y el permiso de la autoridad ambiental. No obstante, las licencias estaban sujetas a topes de extracción.
Según la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos del ente acusador, hay pruebas que indicarían que el señalado grupo empresarial sobrepasó los límites de la explotación de minerales desde 2017.
“Al parecer, recurrió a diferentes maniobras contables, así como a la modificación o destrucción de documentación para no reportar ante la ANM los volúmenes desmedidos de extracción” afirmó la fiscal Liliana Patricia Donado.
Además de las artimañas empleadas para ocultar las cantidades reales de material extraído, este abuso del suelo causó daños a la capa vegetal y al suelo de Brisas del Guayuriba. Además, contaminó las aguas del río Guayuriba, un importante afluente que abastece y sirve de sustento a las comunidades de Acacías y algunas poblaciones del área rural de Villavicencio.
Como si fuera poco, el ente acusador también pudo determinar que se presentó evasión fiscal e impago de obligaciones financieras. Tampoco han podido justificar ingresos por más de 34.000 millones de pesos entre el 2017 y julio de 2020.
Por eso, la Fiscalía decomisó 20 bienes ubicados en Villavicencio, Restrepo y Acacías (Meta), cuyo valor superaría los 31.000 millones de pesos. Entre las propiedades afectadas están los dos títulos mineros, cuatro vehículos, seis remolques y dos terrenos de 11 hectáreas, donde funcionaba el frente de explotación ilegal. Estos bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
También fue capturada y judicializada la señora Rocío Umaña Guevara, representante suplente del grupo empresarial. La Fiscalía acusa a Umaña de alterar y destruir documentos, así como modificar los sistemas contables para ocultar la realidad sobre las cantidades de gravilla y arena obtenidas en la actividad extractiva de la empresa.
La mujer fue imputada por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, explotación ilícita de yacimiento minero y otros, contaminación ambiental, daño a los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
El 85 % del oro que exporta Colombia es producto de la minería ilegal, según la Contraloría
La Contraloría General de la República alertó que el 85 % del oro que se exporta desde Colombia es producto de la minería ilegal, la entidad llegó a esta conclusión al realizar un balance de sus acciones de control fiscal y seguimiento a los principales daños ambientales de Colombia e indicó que esta actividad ilícita está acabando con los ríos en el país.
El contralor delegado para el Medio Ambiente, Gabriel Adolfo Jurado, hizo un paralelo de esta actividad extractivista con el negocio ilegal del narcotráfico de cocaína y refirió que:
“En comparación con el negocio ilícito de la cocaína, donde el kilo de coca puede estar en el mercado de Colombia por alrededor de los 5 millones de pesos, un kilo de oro ilegal está por el orden de 250 millones de pesos, lo que ha hecho que este negocio se haya disparado y hoy esté contaminando de una manera crítica, no solamente el río Atrato en el Chocó, sino también muchos otros ríos, lo que beneficia solamente a unas 4 a 5 grandes organizaciones criminales”, aseguró Gabriel Adolfo Jurado.
Lo anteriormente declarado por el contralor delegado para Medio Ambiente se agrava con el dato encontrado por el ente de vigilancia y control, debido a que exponen que el 66 % de la minería ilegal en Colombia se hace en zonas de reserva, en Parques Naturales y en Reservas Forestales.
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