Organizaciones de víctimas piden a la Procuraduría medidas para prevenir la trata de personas

Este sábado 30 de julio, en medio de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, un grupo de representantes de organizaciones sociales y de víctimas solicitaron a la Procuraduría General de la Nación adoptar medidas concretas con el propósito de hacerle frente a este flagelo que, según la Defensoría del Pueblo, ha registrado 162 víctimas entre enero de 2018 y junio de 2022.

Los representantes de nueve organizaciones civiles y sobrevivientes a este delito, que es considerada la “actividad criminal más grande del mundo”, pidieron a la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, apoyo permanente del Ministerio Público para movilizar el aparato estatal con el fin de erradicar este delito, que durante los últimos cuatro años, ha afectado a 78 mujeres entre los 13 y los 66 años, de las cuales 20 eran ciudadanas venezolanas.

“Necesitamos visibilizar mucho más este delito, que vulnera los derechos humanos y la dignidad humana. El hecho de ser la primera procuradora en 200 años conlleva la gran responsabilidad de asumir los temas de garantía de derechos de las mujeres”, indicó por su parte la procuradora Cabello, quien adelantó una mesa de diálogo con los representantes, quienes expusieron sus problemáticas.

A su vez, el órgano de control se comprometió a mantener una articulación permanente con la sociedad civil con el propósito de resolver las deficiencias que existen en la prevención de la trata de personas, la judicialización, el restablecimiento de derechos de víctimas y la efectiva sanción a tratantes y explotadores, de este delito que afecta especialmente a las mujeres y niñas en el mundo, cerca del 65 % de las víctimas.

Por último, la Procuraduría aseguró que mantendría los canales de atención a las víctimas y se comprometió a duplicar los esfuerzos en el seguimiento y control para que el acceso a la justicia por parte de las víctimas sea oportuno, con el propósito de protegerlas y restablecer sus derechos en esta práctica en la que la mayoría de las veces se presenta explotación sexual, pero también adopción ilegal, trabajos forzados y servidumbre.

“Hablar de trata de personas es hablar de un delito grave, de una grave violación a los derechos humanos que está relacionada con temas de violencia estructural, migraciones, conflicto armado y las múltiples vulnerabilidades que enfrentan las comunidades, además de pobreza”, indicó en una entrevista con la Agencia EFE la líder de Construcción de Paz y doctrina institucional de la Cruz Roja Colombiana, Doris Hernández.

El pasado 11 de mayo, la Alcaldía de Bogotá presentó la política pública de Lucha contra la Trata de Personas en el Distrito Capital, 2022-203. El objetivo de este proyecto es proteger “los derechos de las personas víctimas de las distintas finalidades de explotación, como la prostitución ajena y explotación sexual; trabajos o servicios orzados, servidumbre y explotación de la mendicidad ajena; matrimonio servil, esclavitud o prácticas semejantes a la esclavitud y tráfico de órganos”.

El secretario de Gobierno, Felipe Jiménez Ángel, resaltó, en esa oportunidad, el hecho de que esta política se ponga en marcha con recursos por 117 mil millones de pesos para combatir “uno de los delitos más atroces, que acaba con la dignidad y la voluntad del ser humano. Es el resultado de continuar una idea diseñada y planeada en la administración anterior que nos hace el primer ente territorial que tiene una política pública de esta naturaleza”, indicó.

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