Luego de que se conociera la intención de la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nelly Yolanda Villamizar, de que la releven de la responsabilidad de vigilar la descontaminación del río Bogotá, la Comisión de Disciplina Judicial decidió abrir investigación disciplinaria contra ella por una presunta extralimitación de funciones.
La denuncia sobre la falta disciplinaria de Villamizar la había puesto Susana Muhamad, la exconcejala de Bogotá que fue designada como ministra de Ambiente por el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro Urrego.
Según la ministra designada, la magistrada se ha extralimitado y ha favorecido a terceros con sus decisiones. Una de ellas fue la orden a la CAR de pagar todo el valor del contrato a la concesión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, pese a los posibles incumplimientos del contratista en la obra asignada para la recuperación del río.
“Se denota una intervención clara y directa en el desarrollo del Contrato de Obra No. 803 de 2016, por cuanto a través de sus decisiones judiciales llevó a la omisión de los estudios técnicos previstos para la aceptación del Hito 1. Esas decisiones afectaron la etapa contractual y generaron un detrimento en el patrimonio público como consecuencia de las sanciones que correspondía imponer al CEPS por retrasos en la entrega”, decía el documento entregado por Muhamad.
Para Muhamad, hay presuntos defectos de diseño, materiales, ingeniería o ejecución por parte del contratista, los cuales ponen en riesgo la inversión del distrito —1,5 billones de pesos— y no fueron reportados en el primer cumplido. La exconcejala dijo que la obra “no ha sido ejecutada a cabalidad conforme los términos contractuales, y que ahora frente a las fallas buscan exonerar al contratista CEPS quien inculpa a la CAR y EAAB de indebido mantenimiento u operación”.
La denuncia dice que la magistrada Villamizar usó su poder en la rama judicial para favorecer los intereses de CEPS “en contravía del bien común y el derecho a un ambiente sano”. Además, obligó al Acueducto de Bogotá a aceptar “obras inconclusas y que no cumplen con todas las condiciones generales y específicas del Contrato de Obra No. 803 de 2016″.
“En consecuencia, y dadas las condiciones de la planta, con las decisiones judiciales adoptadas por la magistrada Villamizar se pone en riesgo la salud pública y el proceso de saneamiento de la cuenca media del río Bogotá”, concluyó la denuncia.
Ante esa denuncia, la Comisión de Disciplina Judicial abrió la investigación contra la magistrada Villamizar y le dio la oportunidad de explicarse en una versión libre y voluntaria. También se escuchará a Muhamad el próximo lunes primero de agosto a las ocho de la mañana.
Para el 18 de agosto fueron citados el director de la CAR Cundinamarca, Luis Fernando Sanabria, y al del Acueducto, Héctor Andrés Ramírez. La procuradora delegada para asuntos ambientales, Olga Lucía Patín Elcure, será escuchada el próximo 25 de agosto.
Cabe recordar que la magistrada Villamizar se refirió a la denuncia de Muhamad ante varios medios de comunicación. Ella afirmó que se siente acosada y perseguida. Además, quiere que la releven en la responsabilidad con el río —al que dice amar como si fuera un hijo— que ha tenido desde hace 20 años.
“Se están violando los artículos 113 y 228 de la Constitución al denunciarme penal y disciplinariamente. Eso coarta mi autonomía como juez. Aunque no me declararé impedida, voy a dirigirme a todas las Cortes para que resuelvan mi situación y definan si me reemplazan como juez en el caso del río Bogotá”, le dijo al diario El Espectador.
“No me queda más que pedirle al Consejo de Estado y a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que me reemplacen como juez garante de este caso. Me siento coaccionada en mi independencia judicial. Me tengo que apoyar en mis abogados”, concluyó.
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