“Los desplazamientos masivos se están concentrando en los territorios étnicos”: Defensoría del Pueblo

Este jueves 28 de julio, la Defensoría del Pueblo de Colombia alertó que durante el primer semestre de 2022 se registró el desplazamiento forzado de 32.466 personas en todo el territorio nacional, de las cuales el 73 % corresponde a víctimas de comunidades indígenas y afrocolombianas.

En medio de la presentación del boletín semestral de derechos humanos de la entidad, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtió que entre enero y junio de este año los desplazamientos masivos se concentraron en los territorios étnicos del país, de los cuales señaló que eran los geográficamente más vulnerables; una cifra superior a la entregada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que documentó 29.729 víctimas en este periodo.

“Esta información debe servir de insumo a todas las autoridades y a los particulares que prestan servicios públicos o cumplen función pública, con el fin de disipar los riesgos de vulneración”, señaló el defensor Camargo con relación a este documento, que hace un análisis de algunos hechos de violencia con mayor impacto en el país como el desplazamiento, la desaparición forzada y las amenazas contra líderes sociales.

A su vez, señaló que la entidad atendió y tramitó 1.763 casos de violencia basada en género, dentro de los que el 90 % de las víctimas fueron mujeres y el 10 % personas de orientación sexual e identidad de género diversa, de las que destacaron la violencia psicológica con 1.185 casos; la física con 657 casos y la económica con 399 casos. A su vez, la Defensoría señaló que ha registrado 50 casos de feminicidio en los que los departamentos de Córdoba, Cundinamarca, Boyacá, Magdalena y Putumayo reportan el mayor número de casos.

Con relación a la Desaparición Forzada, la entidad documentó 121 casos en los que se han reportado 136 víctimas en el marco del conflicto armado, lo que evidenciaría que el primer semestre de 2022 presentó un incremento en comparación a los dos años anteriores, siendo Norte de Santander el departamento con el mayor número de declaraciones, con un total de 18 casos; seguido por Valle del Cauca con 12 casos; y Nariño, Meta y Bogotá con ocho declaraciones cada uno.

“Desde la Defensoría queremos promover la articulación con los demás observatorios de derechos humanos que hay en el país y generar intercambio de información, metodologías y análisis estructurales y coyunturales sobre violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Debemos trabajar unidos para que las cifras que se produzcan al interior de esos observatorios sean lo más precisas posibles y generen una verdadera radiografía de estado de estos derechos en el país”, indicó el defensor.

Por último, la entidad realizó 333 evaluaciones de riesgo frente a amenazas a dirigentes y activistas sindicales en el territorio nacional, de las 475 solicitudes de evaluación, en las que se evidenció que el 88 % de las amenazas fue dirigido contra hombres, siendo el Valle del Cauca el departamento con el mayor número de líderes sindicales asesinados durante este periodo.

Estas cifras coinciden con las registradas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que evidenció un aumento significativo de la violencia en el territorio nacional producto del accionar de los grupos armados ilegales.

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