Radican proyecto de ley para reglamentar la participación política de funcionarios públicos

El acto fue acompañado por varios funcionarios de gobierno, entre ellos, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero

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Cabe anotar que de ser aprobada, la ley cobijaría solo a los miembros pertenecientes a la rama legislativa y ejecutiva y a los particulares que desempeñen funciones públicas.
Cabe anotar que de ser aprobada, la ley cobijaría solo a los miembros pertenecientes a la rama legislativa y ejecutiva y a los particulares que desempeñen funciones públicas.

En la tarde de este 27 de julio, el congresista Andrés Calle radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes un proyecto de ley para reglamentar la participación política de los servidores públicos en Colombia. El acto fue acompañado por varios funcionarios de gobierno, entre ellos, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

“¡Es un hecho! Radicamos en compañía del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, nuestro proyecto de ley para regular la participación en política de los servidores públicos. No es justa la doble moral de muchos políticos y hacer a un lado el derecho que establece la Constitución”, informó Calle.

El representante detalló que con este proyecto se permitiría a los beneficiados participar en actividades políticas “de forma pública y visible”. Principalmente, se busca que los servidores públicos no vean limitantes a participar en diferentes actividades o portar elementos que denoten sus inclinaciones políticas.

En la lista se resalta la prohibición a la hora de inscribir militancia o registrarse a un partido o movimiento político; participar en la elaboración de documentos institucionales o de campaña política; participar en simposios, actos públicos, conferencias, foros, congresos, convenciones, debates que organicen partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos. Así mismo, permitiría usar prendas, distintivos o publicidad de partidos o movimientos políticos, estén o no relacionadas con un candidato y socializar propaganda, publicidad de partidos o movimientos políticos.

Cabe anotar que de ser aprobada, la ley cobijaría solo a los miembros pertenecientes a la rama legislativa y ejecutiva y a los particulares que desempeñen funciones públicas. Explicaron que esto está relacionado con que son los únicos que pertenecen a “órganos autónomos e independientes”.

Se resaltó que aquellos funcionarios y empleados que se desempeñen en la rama judicial, en órganos de control y organismos de seguridad permanecerán con la prohibición. Esto, teniendo en cuenta el vínculo de sus cargos en estas actividades políticas puede generar conflicto de intereses.

Según Calle, el proyecto de ley es como un mecanismo para empezar a dar cumplimiento a un mandato ya establecido constitucionalmente.

“Es necesario aclarar que a través de esta iniciativa se le busca dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 127 Constitucional el cual le confirió al Congreso la facultad de reglamentar la participación de los servidores públicos en actividades de los partidos, movimientos políticos, y controversias políticas”, sostiene Calle.

Para finalizar, el representante resaltó que el alcalde Quintero estuvo presente en la radicación del proyecto porque ha sido uno de los funcionarios que más ha respaldado la ley.

Hay que recordar que Quintero tuvo problemas legales recientemente por presunta participación en política. Al mandatario antioqueño se le señaló de haber apoyado abiertamente al presidente electo Gustavo Petro.

La situación fue tan compleja que Quintero fue apartado del cargo el pasado 10 de mayo, orden dada por la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello. Pasados 40 días, justo después de la segunda vuelta electoral, el mandatario volvió a su cargo. Cabe anotar que aunque Quintero volvió a sus funciones, sigue vinculado a la investigación por presunta participación en política.

Además de Quintero, el Ministerio Público sancionó a Andrés Fabián Hurtado Barrera, alcalde de Ibagué; a Gustavo Adolfo Herrera Zapata, concejal de Calarcá (Quindío); y a Grenfell Lozano Guerrero, personero de Nátaga (Huila); por presunta participación en política.

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