María Fernanda Cabal solicita a la Fiscalía un equipo para esclarecer el asesinato de policías

Este jueves 28 de julio, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal le pidió a la Fiscalía General de la Nación que despliegue un equipo especializado de investigación, con el propósito de esclarecer y judicializar a los responsables de los asesinatos de miembros de la fuerza pública que se han registrado durante las últimas semanas, que estarían siendo ejecutados por la que es considerada la banda criminal más grande de Colombia.

La congresista, quien fue la segunda parlamentaria más votada durante las elecciones legislativas de este año y ha sido una de las defensoras acérrimas de las Fuerzas Armadas, solicitó al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, que conformara este grupo con el propósito de facilitar la administración de justicia de estos casos que, según las autoridades, corresponderían a un plan pistola del Clan del Golfo.

“Una de las mayores preocupaciones ante estos hechos, es el índice de impunidad y escalada violenta, que parece arreciar antes de la posesión de Gustavo Petro como presidente para el periodo 2022-2022, como estrategia de presión para lograr el llamado perdón social ofrecido en su campaña”, aseveró la parlamentaria del Centro Democrático.

Sin embargo, estas declaraciones contrastan con el recrudecimiento de la violencia en algunas regiones en las que hace presencia este grupo armado ilegal, heredero del paramilitarismo y conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y la arremetida en contra de la fuerza pública desde la extradición de su jefe máximo, Dairo Antonio Úsuga, conocido como alias Otoniel, el pasado mayo.

A su vez, el incremento de los crímenes contra miembros de las Fuerzas Armadas, que mantiene al departamento de Antioquia en alerta por el asesinato de once miembros de la Policía en los últimos días, se presentó luego que concluyera el paro armado adelantado por el Clan del Golfo en 11 departamentos del país, el cual fue ejecutado por la agrupación ilegal como represalia de la extradición a los Estados Unidos de su máximo líder.

“Lloramos a nuestros policías y vemos que sus familias son las que tienen finalmente ese luto, cuando es un luto que debería llevar toda Colombia. Porque esos policías nos cuidan 24 horas al día, nos dan tranquilidad y seguridad, tenemos que ser solidarios y tenemos que lograr que el sistema acabe con el terrorismo urbano y rural con cualquier disfraz. Colombia no va a ser libre hasta que no supere la tragedia de la coca”, concluyó la parlamentaria.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo rechazó de manera vehemente la ola de asesinatos que se ha presentado en contra de los miembros de la fuerza pública, señalando que en lo corrido del año se ha registrado el asesinato de 34 miembros de la Policía Nacional y afectaciones a más de 68, quienes han resultado heridos por el accionar de los grupos armados ilegales.

“Como colombianos, lamentamos la pérdida de las vidas de estos valerosos funcionarios, quienes consagran su vida a la seguridad de todas las personas y comunidades que habitan el territorio nacional, especialmente en zonas de conflicto armado y violencia organizada”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

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