JEP señala cinco alertas por graves daños a la naturaleza luego de la firma del Acuerdo Final de Paz

De acuerdo con autoridades ambientales y registros de congresistas como Sandra Ramírez y Martha Peralta Apieyú, más de 600 líderes ambientales han sido asesinados desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, lo cual demuestra una crisis para proteger las reservas forestales, parques naturales y zonas biodiversas. Pero la crisis no termina ahí.

Sumado a los crímenes contra defensores y defensoras ambientales, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz emitió un informe en el que alerta no solo por los asesinatos contra estos líderes, sino también de las 238 afectaciones que habría ocurrido desde la firma del Acuerdo Final de Paz hasta el pasado 30 de mayo, fecha en que terminó el conteo de la fiscalía del tribunal especial.

De acuerdo con la UIA, los hechos se registraron en 177 municipios de 21 departamentos del país, de los cuales Santander, Meta, Caquetá, Santander, Cauca, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Putumayo, Antioquia y Guaviare presentan un riesgo crítico.

Sumado a eso, en nueve de los 43 parques naturales hay una preocupación porque allí se resguardan grupos armados ilegales que, además de ejercer control en estos territorios, impiden la labor de lideresas y líderes ambientales, así como de guardaparques.

La JEP también halló que hay cinco dinámicas diferentes de afectación a los ecosistemas y reservas naturales. Una de ellas es la tala indiscriminada de árboles, pues solo en 2021 esta actividad creció un 900 % y se prevé que en 2022 esa cifra aumente, pues se han documentado cerca de 20 hechos graves. Además, Guaviare es el departamento con más afectaciones, y en total, en otros 18 se identificaron 85 talas masivas.

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La producción de pasta de coca es otra actividad que pone en riesgo a las reservas naturales. La UIA identificó 14 actos de este tipo que han puesto en riesgo a la capa vegetal y diversas fuentes hídricas. Argelia —Cauca—, El Tarra y Tibú —Norte de Santander—; Villagarzón —Putumayo— y Tumaco —Nariño—. Incluso, el 71% de estas actividades se registraron solo en Norte de Santander, donde se concentra la mayor cantidad de hectáreas de hoja de coca —más de 40 mil según Naciones Unidas—.

Las afectaciones a la infraestructura petrolera es otra problemática que es señalada en el informe. Posterior a la firma del Acuerdo Final de 2016 se han presentado 41 atentados contra torres y pozos. Además, otra práctica asociada son los incendios forestales, y en ese sentido, la Fiscalía de la JEP advierte que aumentaron tras el desarme de la gran mayoría de integrantes de las extintas Farc.

La Amazonía colombiana es la zona protegida más afectada por quema indiscriminada de zonas forestales. Además, son recordados hechos graves, como el ocurrido el 5 de febrero de este año en Calamar —Guaviare, y que fue calificado por el ministerio de Defensa como un ecocidio— o el acontecido en febrero de 2020 y que habría sido ejecutado por el frente 40 de las disidencias.

Finalmente, la UIA tuvo en cuenta la minería ilegal, actividad que es ampliamente manejada por el Clan del Golfo, siendo esta —junto con el narcotráfico—, las dinámicas con las cuales se financia este grupo. Dicha labor ha ido creciendo, pues de 12 hechos identificados en 2020 se pasó a 71 en 2021. La zona del Bajo Cauca Antioqueño es la más afectada, donde se presenta el 78% del total de eventos ocurridos en Antioquia —50—.

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