‘Gordolindo’ podría entregar información sobre el paramilitarismo en el Valle a la JEP

Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo es un narcoparamilitar que se acogió al proceso de justicia transicional acordado con los paramilitares, con el cual tan solo pagó ocho años por los delitos cometidos, aunque muchos sectores señalaron que Zuluaga era más un encargado de financiar las organizaciones de autodefensa a partir de rentas obtenidas del tráfico de estupefacientes, por lo que señalaron que más que un ‘paraco’ cumplía funciones de ‘inversionista’.

Pues el señalado de haber integrado el Bloque Pacífico, ante la Jurisdicción Especial Para la Paz en calidad de tercero civil se sometió para lo que según ha calificado como prender el ventilador con referencia a los distintos actores de toda índole involucrados en la estructuración del Bloque Calima de las Autodefensas y su financiación entre 1999 y el 2004.

Según indicó Gordolindo, estuvo presente en varias reuniones programadas en una finca en Tierralta Córdoba, donde los hermanos Castaños junto a otros jefes paramilitares paleaban el despliegue armamentístico que tuvo el grupo criminal en el Valle del Cauca.

También el señalado como inversor de los grupos paramilitares indicó una serie de empresarios, ingenieros y ganaderos que al igual que él, aportaban económicamente a la organización de los hermanos Castaño para que continuaran con su despliegue militar. Algo que resaltó fue como en reuniones organizadas por máximos cabecillas de las autodefensas e importantes narcotraficantes como chupeta organizaban “el asesinato de civiles, la perpetración de masacres, la intimidación a la población civil y el desplazamiento forzado de comunidades consideradas aliadas de la insurgencia”.

Francisco Javier Zuluaga Lindo, resaltó que no solamente el sector del tráfico de drogas colaboró con la estructura militar en las regiones del Pacífico y Caribe, “...participación de agentes del estado y civiles (empresarios, ganaderos, industriales) en toda la operación de suministro de armamento de uso privativo de las Fuerzas Armadas a estructuras paramilitares del Bloque Calima y de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC”.

Por su parte la Jurisdicción Especial para la Paz indicó que ordenó complementar el plan de verdad y reparación de ‘Gordolindo’ para que se pueda recibir y acoger su testimonio al Tribunal.

Diez militares fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— por 46 ejecuciones extrajudiciales cuyos cuerpos fueron entregados en el cementerio de Dabeiba, Antioquia, entre 1997 y 2007. En la diligencia, otro equipo del tribunal mencionó a Mario Montoya, general (r) del Ejército y lo llamó a declarar dentro de esa investigación.

De acuerdo con varios testimonios de comparecientes acogidos a esta justicia transicional, Montoya Uribe ha sido mencionado al menos en 16 casos relacionados con ‘falsos positivos’ mientras estuvo al frente de la Cuarta Brigada con sede en Medellín, entre 2002 y 2003. Sumado a eso, la JEP investigó sobre los posibles vínculos del militar retirado con el asesinato de civiles para ser presentados después como bajas en combate, hallando que él sabía de estas operaciones.

Sumado a eso, él estuvo al tanto de operativos militares sobre los cuales se supo que hubo ‘falsos positivos’ de por medio. Al respecto, el magistrado Alejandro Ramelli precisó que las operaciones que terminaron en asesinatos, como el del civil Edilson Alezander Lezcano, fueron ordenadas desde “una unidad militar que depende directamente de la Cuarta Brigada”.

El asesinato de esta persona se dio en medio de la Operación Mongolia, la cual “le fue reportada directamente a Montoya y él debía adelantar las investigaciones disciplinarias para determinar si existían responsables”, de acuerdo con el magistrado Ramelli.

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