Las madres comunitarias, aquellos agentes educativos responsables del cuidado de los niños y las niñas de primera infancia del programa de Hogares Comunitarios de Bienestar las cuales buscan, entre otras cosas, ayudar con la alimentación de los niños en situación vulnerable, salieron a protestar por las irregularidades que se vienen presentando, el operador privado encargado de esta labor, la Unión Temporal Propaís Santo Domingo Savio, no les paga, no les entrega los insumos, o los suficientes, además que según denunciaron, en repetidas ocasiones les mandan alimentos podridos.
Estas mujeres ayer realizaron un plantón frente a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, entidad que es la responsable de adjudicar los contratos y, en teoría, de la alimentación de estos menores en condición de vulnerabilidad, en consecuencia, fue quien avaló a la Unión Temporal Propaís.
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El problema en este momento tiene sin alimentación a los infantes en la capital del país, por lo que el concejal por el partido Centro Democrático, Oscar Ramírez Vahos, decidió ir a revisar lo que estaba pasando con estos comedores, donde evidenció las quejas de las madres comunitarias:
“Hoy le mostramos al país los alimentos podridos que el operador Unión temporal Santo Domingo Savio le entrega a las madres comunitarias de Bogotá para alimentar a miles de niños. No más alcahuetería por parte del ICBF”.
Al parecer, este consorcio no solamente surte a los comedores de la capital de la república, sino de otros municipios de Cundinamarca:
“Qué tristeza de verdad de qué el gobierno de los programas a terceros y que no sean administrados por la misma institución. Son las falencias que uno ve en la comunidad desde el trabajo comunitario”, aseguró una de las madres en City Tv que protestaron frente al ICBF.
Se estima que en este momento hay más de 4 mil niños sin las coberturas alimentarias, pero, las cifras que entrega el concejal Vahos, es que los contratos que se tienen con el señalado consorcio, superan los 17 mil millones de pesos:
“Es un tema indignante por el valor de los contratos que ascienden a los 17 mil millones de pesos. A las madres comunitarias les deben más de tres meses de pago de sus salarios (...) El ICBF ha sido alcahueta, ha tolerado el mal servicio, ha tolerado que no le paguen a las madres comunitarias y es este el que tiene la mayor responsabilidad”, señaló el cabildante en Caracol Radio.
Al parecer las localidades más afectadas de Bogotá serían: Ciudad Bolívar, Santa Fe y Tunjuelito, además de los municipios de Cachipay, Mesitas, Quipile y Tena en Cundinamarca; por lo que el corporado le está exigiendo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que cambie al operador, declarando la caducidad contractual, con lo que se le podría reestablecer el servicio a los menores afectados.
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Lo que más llama la atención es que el proceso de contratación sigue efectuándose, a pesar que el mismo ICBF ha investigado, sancionado y multado en varias ocasiones a la Unión Temporal Propaís Santo Domingo. Aun así, este consorcio continúa prestando el servicio no solo en Bogotá sino en varias ciudades y municipios del país.
“Es inconcebible que el fallido modelo de operadores privados para la atención de la niñez en Colombia siga dando tantos problemas y aquí no pase nada. Estamos hablando de recursos sagrados, de la alimentación de niños. Y también de la afectación a madres comunitarias. Denunciamos que incluso una de ellas está en silla de ruedas producto del estrés que le provocó la falta de pagos por parte del operador Santo Domingo Savio”, concluyó el concejal Vahos en W Radio.
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