Corte Constitucional de Colombia y Corte Suprema están enfrentadas por el caso de un policía acusado de homicidio

Un policía, Ariosto Orozco, fue acusado y procesado por homicidio, en primera instancia, el fallo decidió absolverlo, pero, en el año 2012 el Tribunal Militar decidió tumbar la determinación y lo condenó a 6 años de prisión, apartándolo del cargo y reviviendo un caso que para ese momento ya tenía más de 5 años. El uniformado decidió apelar y su caso terminó ante la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, instancia que hasta el 2019, un año después que terminará la pena impuesta por el Tribunal Militar, decidió reafirmar la imputación, desestimando la solicitud que reseñaba que el caso ya había precluido. Pues la Corte Constitucional decidió darle la razón a Ariosto y ordena que la situación precluya.

Ariosto Orozco Fontalvo era un agente de Policía que acudió al llamado de una alteración en el orden público, al llegar al epicentro del desmán, en el municipio San José del Saco, en el departamento del Atlántico, en confusos hechos accionó su arma, lo que le ocasionó la muerte a un hombre, motivo por el cual al uniformado se le abrió un proceso judicial.

Los hechos que ocurrieron hacia el año 2005, en primera instancia, no fueron causales de algún proceso judicial, Ariosto fue absuelto, pero, en el 2012 el Tribunal Superior Militar decidió retomar el caso, lo que reversó el fallo inicial y decidió condenarlo a 6 años de prisión.

En ese momento el uniformado decidió apelar el caso ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que los términos se habían vencido, pero no fue sino hasta el 2019 que la sala de casación dio respuesta, reafirmando la decisión del tribunal, la cual ya había superado el tiempo condenatorio, y lógicamente había excedido los tiempos de respuesta legales.

Pues Ariosto siguió en su defensa y entuteló a la Corte Constitucional, por lo que el caso pasó a la Corte Suprema, alegando que hace más de 14 años se había resuelto el caso, por lo que ya había prescrito.

Mediante la sentencia SU-126 de 2022 la Sala Plena de la Corte Suprema, representada por el presidente de la Sala de Casación Penal, Fabio Ospina Garzón, le pide a la Constitucional que anule el caso, pues se desconoció el principio e subsariedad, toda vez que se ignorara la tutela y el peso jurídico que esta tiene.

Este hecho que no tiene precedentes, o al menos no muy dicientes, enfrenta a los tribunales penales más importantes del país, pero que, para el caso, pide la preclusión de un caso que lleva casi dos décadas.

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