Por el deficiente servicio de energía eléctrica que se presta en la región Caribe, sumado a las altas tarifas que deben pagar los usuarios, el Congreso de la República ya aprobó el primer debate político de esta legislatura para evaluar el tema. La proposición fue presentada por el senador barranquillero Efraín Cepeda, que representa al Partido Conservador, y fue apoyada por los parlamentarios de la célula legislativa de asuntos territoriales.
“Las tarifas de energía en la Costa suben y suben, ¿hasta dónde van a llegar? Hemos radicado proposición con el acompañamiento de senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial para citar e invitar a debate de control político”, informó Cepeda.
Hay que recordar que en 2020, después de haber liquidado a Electricaribe, en la región empezaron a funcionar dos empresas: Afinia y Air-e. Estas nuevas entidades actualmente cobran entre 924,99 y 946,7 pesos por kilovatio consumido, mientras que en Bogotá los ciudadanos pagan 638,56 pesos por cada kilovatio. Esto significa que en la costa, a los ciudadanos, la energía eléctrica les cuesta casi un 50 % más.
Así las cosas, se ha señalado la necesidad de retomar el esquema tarifario anterior. Consideran que el actual, dispuesto por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), constituye una amenaza para la productividad de toda la región. Se indicó que este incremento afecta de manera notable la economía en los hogares de estratos 1 y 2, que deben pagar facturas 2.5 veces más altas que los hogares de ese mismo estrato en Bogotá.
Por lo anterior, en la proposición presentada se indica que el propósito del debate es que las autoridades competentes den cuentan por el aumento tarifario.
“Con el fin de que rindan informe sobre el aumento tarifario del servicio de energía, así como la situación en temas de distribución del servicio, ejecución de planes de inversiones, indicadores de servicio y situación financiera de las empresas prestadoras del servicio de electricidad en los departamentos que componen la región Caribe”, se lee en el documento.
Al debate de control, que aún no tiene fecha, están citados el ministro de Minas, Diego Mesa; la superintendente de Servicios, Natasha Avendaño; el director de la Creg, Luis Zuluaga y los directivos de las empresas Air-e y Afinia.
Cabe anotar que Air-e ya ha explicado que el servicio es costoso por varios factores como el precio de los combustibles, la tasa de cambio desfavorable y la inflación. Además, según la empresa, las pérdidas de energía se incluyen en las facturas desde agosto pasado; es decir, los consumidores legales están pagando por la electricidad robada. También sostuvo que están cobrando por el trabajo y la infraestructura que requiere mejorar el servicio de energía en el Caribe; acción que fue autorizada por el Plan Nacional de Desarrollo y para la cual se presentó un plan tarifario.
Este debate de control se espera que sea el primer paso para que desde el Congreso se empiecen a tomar acciones para mejorar el servicio de energía en la costa Caribe. Desde hace años los mandatarios y habitantes de la región han pedido que se regule el servicio.
En este sentido, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, aseguró que una vez Gustavo Petro se posesione en la presidencia, hablará con él para pedir que se revise el tema.
Para combatir las tarifas altas, los alcaldes de las capitales de los siete departamentos que integran el Caribe ya tienen cinco propuestas. Estas fueron construidas en reuniones, con apoyo de expertos del sector, gremios económicos y ciudadanos.
Estas son las cinco propuestas:
- Implementar un fondo de estabilización del precio para el Caribe colombiano, que reduzca el valor de la tarifa de los usuarios.
- Eliminar el uso del Índice de Precios del Productor -IPP- como factor de actualización de los contratos de generación de energía.
- Establecer un esquema que permita compartir la carga financiera de la opción tarifaria de los comercializadores con las empresas de generación y transmisión.
- Aumentar la inversión en los Proyectos de Normalización Eléctrica.
- Apostar a la autogeneración con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, y extender los mecanismos financieros y tributarios para la instalación masiva de sistemas fotovoltaicos.
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