Revelan la millonada que se gasta Bogotá para pagar demandas

En el Concejo de la ciudad denunciaron una perdida millonaria de recursos por el pago de estos procesos, que afectan principalmente a las entidades de salud y al Instituto de Desarrollo Urbano.

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Rubén Torrado fue el cabildante que denunció las irregularidades que le habrían costado a la ciudad cerca de 13 billones de pesos en 6 años.
Rubén Torrado fue el cabildante que denunció las irregularidades que le habrían costado a la ciudad cerca de 13 billones de pesos en 6 años.

Tras un debate de control político en Concejo de Bogotá, se alertó por la millonaria cifra por la que el distrito debe responder por demandas en contra de distintas entidades. Desde el 2016 se creó la Secretaría Jurídica Distrital y hasta la fecha ha respondido por 8.413 procesos, que le han costado a la ciudad 13,1 billones de pesos. Además de la cifra, llama la atención que la mayoría de las quejas corresponden a las subredes de salud y al Instituto de Desarrollo Urbano, IDU.

El concejal por la bancada del Partido de la U, Rubén Darío Torrado, fue quien puso de manifiesto las cifras, que, desde la creación de la Secretaría Jurídica, hace 6 años, no hay evidencia de un éxito procesal, por el contrario, solo quedan las muestras de las millonarias pérdidas de recursos. Ante la Comisión Segunda de Gobierno, señaló que la SubRed de salud sur es la que más demandas tiene 886, seguida por el centro oriente con 500, el IDU con 433, la SubRed norte y occidente, ambas con 430 y el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, FONCEP, tiene 400.

“Haciendo cuentas, el distrito pierde 350 millones de pesos diarios por demandas judiciales, lo que más extraña es que son por contratos en las entidades públicas. Las entidades que más tienen demandas por esos contratos son la SubRed sur, centro oriente SubRed norte, SubRed sur occidente”.

El cabildante asegura que varias de las secretarías distritales están cometiendo “graves errores”, que se evidencia en la cantidad de demandas que se reciben y obviamente los multimillonarios recursos que se están perdiendo.

Según Rubén Torrado, también demuestra la ineficiencia en el desarrollo de las labores de varios de los funcionarios, pues por esto es que se instauran los procesos y por lo que la justicia falla en contra de la ciudad.

Dentro de las entidades involucradas destaca la Secretaría de Integración Social, la de Movilidad, Hacienda, TransMilenio y el Acueducto. De hecho, estas últimas dos entidades, junto con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP; el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y el Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público, DADEP, son a las que les reclaman las mayores sumas.

Tomado del Concejo de Bogotá.
Tomado del Concejo de Bogotá.
“Solo esas entidades suman un total de pretensiones de más de 5,4 billones de pesos, que equivalen al 41 % del total de las pretensiones en contra del distrito capital en los procesos analizados”, expuso el concejal.

En defensa, la administración distrital aclara que en este momento hay 34.232 procesos activos, cuyas pretensiones superan los 22 mil 500 millones de pesos, además, aseguran que el éxito procesal es el más alto del país, corresponde al 88,32 %, unos 42.373. Agregan que la intención de la entidad es ir más allá de ganar las demandas, es trabajar para mitigar las causas que derivan en estos casos.

No obstante, otros concejales como Dora Lucía Bastidas y Juan Javier Baena señalaron que, las cifras van a seguir en aumento si se tiene en cuenta que hay varios procesos y entidades que estarían cometiendo irregularidades, por ejemplo, los empleados del distrito que trabajan bajo contratos de prestación de servicios, que además de no cumplir en las fechas de pagos, se estarían valiendo de figuras para dejarlos cesantes unos meses y no tener que sumarlos a las plantas de la alcaldía.

VER TAMBIÉN: Denuncian irregularidades en la Secretaría de Integración Social de Bogotá

A estos se suman los casos de los incumplimientos de la Secretaría de Integración Social y demás programas de atención a la ciudadanía, que no se estarían cumpliendo por el vencimiento de los contratos.

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