Insistiendo en que el alcalde de Cartagena (Bolívar), William Dau, no ha incurrido en daño patrimonial, su abogado, Iván Acuña, pidió a la Contraloría General de la Nación que se archive el proceso en su contra por este caso. La solicitud la hizo este 26 de julio en medio de la octava sesión de la audiencia de descargos del proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta contra el alcalde.
Acuña aceptó que si bien el pago de gastos de representación a funcionarios del orden territorial diferentes al alcalde y al gobernador se ordenaron de firma irregular, estos no son ilegales, sino que fueron tramitados a través de un proceso distinto que fue institucionalizado en Cartagena desde 2011. Señala que los alcaldes que han estado al frente de Cartagena desde ese entonces, hasta 2020, cuando asumió Dau, actuaron igual y a ellos no se les investigó.
“El pago de gastos de representación a funcionarios de la Alcaldía, que se les atribuye a los investigados, es una situación que proviene desde el año 2011; nunca se abrió una investigación en contra de los anteriores alcaldes y sólo se dio con la actual administración. Es un acuerdo del Concejo Distrital de Cartagena, donde todos los alcaldes sin excepción actuaron bajo esa causa extraña y a ninguno se le investigó”, argumentó Acuña.
Hay que recordar que la Contraloría General de la Nación le imputó cargos de responsabilidad fiscal a Dau por una suma aproximada de 1.074 millones de pesos en febrero de este año. El ente de control ha insistido en que el alcalde cartagenero debe asumir el cargo, pero este se niega.
En otras audiencias se ha insistido en que el proceso debe anularse. Además, al igual que este martes, se ha mencionado que de hecho fue la administración de Dau la que corrigió la situación
“Si bien desde 2011 se atribuía el concepto de ‘Gastos de Representación’ dentro del pago que se realizaba a algunos funcionarios, lo cierto es que dicho pago no cumplía con las características propias de ese concepto. La razón más que suficiente para demostrar que en el caso que nos ocupa la atención no se configuran los elementos propios de la responsabilidad fiscal, no hay conducta doloso o culposa, no hay daño patrimonial, no hay un nexo causal”, sostiene el abogado Acuña.
A esto, la delegada de la Contraloría General, Patricia García, señaló que la situación se regularizó en 2020, por lo que Dau tuvo que haberse ceñido a la norma.
“Ese proceso se definió en diciembre de 2020, cuando el alcalde Dau ya llevaba un año de gestión, por ende, es necesario saber qué tipo de gestiones se llevaron a cabo en ese periodo”, precisó García.
Toda esta situación ha desatado una polémica nacional. Dau se ha mostrado muy molesto por la imputación y en cada audiencia se ha negado a aceptar cargos. Insiste en que todo se trata de una “persecución política” del órgano de control a su gobierno.
“Ni por el chiras acepto ninguno de los cargos. En mi versión libre demostraré cómo la Contraloría Distrital y la Contraloría General están impulsadas por motivaciones políticas y no por motivaciones técnicas. El 70% del presupuesto de Cartagena se pierde por corrupción y son los que se roban ese dinero los que están detrás de este proceso fiscal en contra mía”, ha dicho Dau acerca del caso.
A pesar de esto, cabe anotar que Dau está comprometido con aportar toda la documentación para constatar sus iniciativas para no incurrir en irregularidades y presuntos detrimentos patrimoniales.
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