Ha pasado casi un mes desde que se registró el trágico incendio en la cárcel municipal de Tuluá, en Valle del Cauca, que aún investigan las autoridades. Este martes 26 de julio falleció otro de los reclusos afectados, dejando un saldo de 56 víctimas mortales.
La razón detrás del incidente se debe a un motín realizado por los internos en el pabellón 8 con la quema de sus colchones; sin embargo, la Procuraduría General de la Nación aún está indagando si el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) cumplió con las especificaciones técnicas que requieren los equipamientos de la prisión.
La víctima más reciente fue Juan David Ceballos, un joven caleño de 20 años que hacía parte de las 27 personas que resultaron heridas en el incendio. El Hospital Tomás Uribe Uribe atendió al recluso, quien tuvo varias cirugías, pues la conflagración y el caos dentro del centro penitenciario le provocó graves lesiones cerebrales y un trauma craneoencefálico.
La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, confirmó la muerte del interno ante Blu Radio: “Falleció otro paciente víctima del incendio de la cárcel. Se trata de Juan David Ceballos a consecuencia de problemas respiratorios después de la inhalación de humos dañinos”. Los reportes indicaron que en el hospital le realizaron un procedimiento de urgencia, pero el paciente no logró sobrevivir.
Por su parte, el abogado Jhonatan Velásquez, contratado por la familia de la víctima, comentó al mismo medio radial que están adelantando un proceso legal en contra del Inpec y del Ministerio de Justicia por presunta negligencia. Entre los argumentos están: los niveles de hacinamiento y las actuaciones de los guardianes al momento de la evacuación.
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Las investigaciones contra el Inpec
El delegado de Derechos Humanos de la Procuraduría, Javier Augusto Sarmiento, explicó ante Noticias Uno que están “verificando si —en la cárcel— contaban con extintores, como aspersores de agua y todo el sistema de emergencias”. Además, recordó que la estructura en Tuluá data de 1972, “es bastante antigua y al parecer no contaba con todos los elementos como lo indica la normatividad”, agregó.
Sarmiento detalló que existen unos manuales específicos en el Inpec y la Unidad Nacional de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) que indican el tipo de mobiliario con el que debe contar la cárcel. Asimismo, afirmó que la entidad puso la lupa sobre los colchones: “deben contar con unas especificaciones técnicas muy precisas. Eso existe una ficha en la unidad de servicios para inventario y aquí no se pudo recopilar nada”.
Si bien el incendio fue provocado por el intento de motín, el posible incumplimiento de la normatividad de los equipamientos habría catalizado la tragedia.
La pelea interna que desencadenó el incendio
El Espectador informó que detrás del motín habría un enfrentamiento entre dos reclusos por el poder dentro del centro carcelario. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, confirmó esta versión asegurando que “fue una discusión de internos que termina generando la conflagración”.
La disputa habría sido entre alias Brai, quien llevaba dos meses en la cárcel, y alias Miller, que tenía el poder dentro del centro carcelario. Lo que se presume es que en la noche de 27 de junio, el grupo de alias Brai “rompió las planchas de concreto que servían de cama y comenzaron a lanzar trozos contra el otro bando”, expuso El Espectador. El grupo de Miller respondió de la misma manera y su resultado es el que ya se conoce: el trágico incendio.
Uno de los bomberos que ingresó al lugar contó en revista Semana que no había visto algo igual en sus años de servicio como voluntario. Cuando el sujeto entró al baño del pabellón 8, había cerca de 17 cuerpos: personas que intentaron abrir las duchas para no morir quemados.
Ante la emergencia, el Inpec trasladó a los reclusos del pabellón 8, 9, 10 y 11 por el riesgo de la infraestructura. En los centros médicos de Tuluá y Cali todavía permanecen cuatro internos hospitalizados y dos están en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI).
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